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A través de un auto de más de 60 páginas, la Sección de primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le abrió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, condenado en la justicia ordinaria por los denominados falsos positivos.
El oficial que comparece en el caso 03 de la JEP que relaciona las ejecuciones extrajudiciales fue cuestionado por las víctimas, que son parte en el proceso, por unas publicaciones en redes sociales que estarían fomentando un posible incumplimiento al compromiso de sometimiento pactado con el tribunal.
En el auto reposa que la sección evaluará el contenido de las publicaciones que se hicieron a través de Youtube y Twitter. Para ello, el tribunal le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación, llevar a cabo un trabajo de arqueología informática forense, que tiene la finalidad de descargar todos los registros de redes sociales del oficial, en especial, alrededor de 80 mensajes desde su cuenta oficial “@CoronelHMejia” en la red social Twitter.
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Los forenses deberán recolectar capturas de pantallas y conservar el hash de cada mensaje. Del mismo modo, tendrá que bajar de la página de Youtube un video que se encuentra ubicado en “Primero la Patria”. El objetivo de estas descargas es analizar si, en efecto, las cuentas pertenecen al oficial del Ejército y verificar la cantidad de retwitteos o reproducción, entre otras interacciones. Lo que dijeron las víctimas en su momento es que, con esas publicaciones el oficial estaría incumpliendo específicamente en el compromiso de no repetición.
“La Sección de Ausencia de Reconocimiento considera que el material presentado y los argumentos esbozados dan cuenta de indicios suficientes para considerar que podrían haberse dado actos que podrían configurar una violación al régimen de condicionalidad en relación con las obligaciones exigibles en materia de garantías de no repetición, por lo cual es necesario, a fin de garantizar los fines del sistema, los derechos de las víctimas, las garantías del compareciente, y la consolidación de la cultura democrática, el estado de derecho y la reconciliación, iniciar un trámite en el que se puedan obtener elementos de prueba adicionales y se presente el debate pertinente”, dice el auto de más de 60 páginas.
Las pruebas que ordenó la Sección deberán ser recolectadas en un término de tres días. Con base en ello realizarán el análisis obre si el oficial incurrió en alguna falta y si es necesario tomar medidas correctivas con el fin de que no incumpla, no solo a lo pactado con la jurisdicción, sino a las víctimas del proceso al que se encuentra vinculado.
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El oficial hace parte de la investigación que adelanta la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales. El caso que, en 2021, mostró sus primeras imputaciones reveló los nombres de 15 militares en retiro del Batallón La Popa, con sede en Valledupar (Cesar), señalados de pertenecer a una “organización criminal” que determinó y ejecutó la muerte de decenas de civiles campesinos e indígenas. Entre ellos salió a relucir el nombre del coronel Mejía quien fue condenado en 2013 a 19 años de prisión por aliarse con grupos ilegales cometer ese tipo de crímenes.
Mejía que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia fue señalado de tener nexos con los paramilitares puesto que quedó en evidencia el suministro de armas y uniformes de guerra a cambio de víctimas, como si se tratara de mercancía. Aunque el oficial ya está señalado por esa responsabilidad, la JEP indaga lo ocurrido en la época. El coronel retirado pidió en la justicia transicional en 2017, y desde ese entonces, el tribunal ha adelantado una serie de diligencias con las que busco, además de corroborar lo dicho por la Corte Suprema, entregar verdad a las víctimas.
Por el momento, la JEP ha dicho que Mejía ordenó, participó y encubrió la muerte de 75 personas, entre ellos 72 hombres -tres indígenas Kankuamos-, un adolescente y tres mujeres. Lo que reposa en el expediente es que todos habrían sido presentados como guerrilleros o personas que prestaban apoyo ilegal. Por ahora, aunque el tribunal tiene información certera de lo que pudo ser su actuar con los denominados falsos positivos, primero deberá resolver si las publicaciones en sus redes sociales tienen un tinte anormal que lo pueda excluir de la justicia transicional.
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