¿Por qué la Procuraduría no investigará a Arturo Char por contratos de Covid?

Es investigado y llamado a indagatoria por la Corte Suprema por delitos electorales.

Foto: EL HERALDO

Porque en su calidad de presidente del Congreso no puede celebrar contratos. Esa fue la razón por la que no prosperó una queja disciplinaria en la Procuraduría en contra del exsenador Arturo Char. El político fue denunciado porque, supuestamente, celebró “un millar” de contratos en el medio de la pandemia generada por el Covid-19. Este martes, el Ministerio Público no le dio la razón al recurso y el político salió bien librado.

“De las normas transcritas colige que el Presidente del Senado de la República, quien a su vez, funge como el Presidente del Congreso, no tiene la función o facultad de celebrar contratos, pues, está labor de acuerdo a lo previsto en la Ley 5 de 1992, debe cumplirla el director administrativo”, dice el fallo de cuatro páginas de la Procuraduría. Añade que, si bien durante 2020 Char fungió como presidente del Senado, no era el encargado de celebrar los contratos de prestación de servicios.

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Aunque el político samario salió bien librado de la queja disciplinaria, aún tiene pendiente una deuda penal con la Corte Suprema de Justicia. Para la semana pasada estaba programada en el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, la indagatoria que debía rendir por supuesta corrupción electoral. La investigación formal se abrió en su contra en noviembre del año pasado por cuenta de los movimientos irregulares que se hicieron para llevar al Congreso a la exsenadora Aida Merlano, hoy prófuga de la justicia y condenada por compra de votos en la Costa Atlántica.

La política que se encuentra en territorio venezolano ha dicho que Char tuvo nexos con su campaña para llegar al Congreso. La exsenadora sobre quien reposa dos condenas y le ha pedido al presidente Gustavo Petro su extradición desde Venezuela, estuvo ante las autoridades judiciales por el entramado que se registró en la denominada “Casa Blanca”, centro político y de operaciones donde se coordinaron los pagos para comprar votos.

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Del proceso en contra de Char se sabe que es por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir. En junio de 2020, la Corte lo llamó a rendir versión libre y en septiembre de 2019, le abrió indagación tras verificar que había indicios de posibles actividades ilegales en la alianza que hizo la casa Char con los Gerlein, auspiciadores de Merlano. Por estos hechos Merlano ya fue condenada a más de 10 años.

Según reza en esa sentencia, luego de que el empresario Roberto Gerlein declinara su aspiración al Senado y se decidiera en su casa apoyar a Merlano como su relevo, “hicieron coalición con la familia Char con miras a obtener votos en otros departamentos como Bolívar y Magdalena, con el compromiso de que Aida Merlano apoyara a Lilibeth Llinás como su fórmula a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical”.

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Según el alto tribunal, “se concertó el apoyo que ofrecerían los dos clanes políticos (Char y Gerlein) para que la aforada (Merlano) llegara al Senado y a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás”. Para la Corte, cada una de las más de 15 personas involucradas en el entramado que se descubrió al allanar la “Casa Blanca” jugó algún rol en el esquema de compra de votos. El papel de Char se podría definir en medio de la investigación que se llevará a cabo durante los próximos días cuando designe un defensor, pues ese fue el motivo por el cual su indagatoria se suspendió.

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