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6 Jun 2021 - 6:56 p. m.

Por segunda vez denuncian ante la CPI presunta irrupción de paramilitarismo en marchas

La denuncia la lideran organizaciones de derechos humanos que han mencionado de las posibles conductas irregulares por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones que se adelantan desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices del actual Gobierno.
Manifestante enfrenta a la Policía, en Cali.
Manifestante enfrenta a la Policía, en Cali.
Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Organizaciones de derechos humanos entregaron este domingo a la Corte Penal Internacional (CPI) el segundo informe que, a su juicio, da cuenta de la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el pasado 28 de abril. El documento complementario que fue firmado por el senador Iván Cepeda y las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otras entidades, da cuenta de al menos 3.825 violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio.

“Informa sobre nuevos 229 hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554. Detalla cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social, entre otros”, dijeron en el documento.

Este último informe, señalan sus autores, se le entregó a la CPI, con el fin de ampliar y profundizar la denuncia presentada el 12 de mayo pasado. Explican que los nuevos hechos documentados reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones, con relación a crímenes de lesa humanidad cometidos, presuntamente, por integrantes de la Policía, el Ejército Nacional y grupos de civiles armados.

Además de los 22 patrones identificados en la comunicación anterior, en esta oportunidad, el informe alerta con alto grado de preocupación sobre el paramilitarismo urbano que, a juicio de los denunciantes, se ha presentado de manera continua desde comienzos de mayo. De ahí que también contenga evidencias acerca de los ataques armados por parte de la ciudadanía en presencia de uniformados de la Policía en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga.

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Frente a estos hechos, los denunciantes advierten que, el silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque ha generado “un clima de favorecimiento y protección” que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación. De igual forma, mencionan el motivo por el cual el ministro de defensa, Diego Molano, fue citado a debate de control político y, por qué el jefe de Estado ha guardado silencio.

En ese sentido, los firmantes del documento piden a la Fiscalía de la CPI que estudie en materia de complementariedad, la inactividad del Estado y la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos. Específicamente se refirieron a “las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación; la actuación de impunidad del fiscal, Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo. Así como, la falta de disposición por parte del Estado colombiano para llevar a los máximos responsables a la justicia”.

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Para los demandantes, los procedimientos se están llevando a cabo solamente contra autores “marginales” y, a su juicio, existe la intención de sustraerlos de la responsabilidad penal al tratar los asesinatos, las torturas y otros crímenes como “actos de servicio” que son juzgados por tribunales militares. “La Justicia Penal Militar no es un órgano independiente, imparcial y competente para juzgar crímenes de lesa humanidad” dice el informe y agrega que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, durante el paro nacional, han sido órganos “ineficaces” que además han legitimado con sus declaraciones las actuaciones de la fuerza pública.

“La actitud parcializada y la conducta arbitraria de la Procuradora Margarita Cabello en contra de quienes participan en movilizaciones del paro nacional, se evidencia en su decisión de abrir investigaciones disciplinarias en contra de gobernadores y alcaldes que no pertenecen a partidos de la coalición de Gobierno. Es evidente que la procuradora Cabello busca limitar sus derechos políticos y viola la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”, expone el documento que añade que la misma situación ocurre con las declaraciones entregadas por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

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De igual forma, frente a las medidas propuestas por el presidente Duque en el decreto 575 de 2021, advierten los denunciantes que es una estrategia para usar la militarización y el autoritarismo como base de una “comisión de crímenes. El decreto 575 en el que se declara un estado de excepción de facto, burlando el control juridisccional de la Corte Constitucional y del Congreso de la República encarna la continuidad al resquebrajamiento del Estado Social de Derecho”, aseguraron.

Entre otras cosas, el informe a la CPI concluye, insistiendo, en la petición a la fiscal Fatou Bensouda para que visite a Colombia y solicite a la Fiscalía General, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables. De otro lado, señalan al presidente Iván Duque; al ministro de la Defensa, Diego Molano; al director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas; y al comandante general del Ejército, Eduardo Zapateiro, como “responsables de los supuestos actos cometidos durante las manifestaciones”.

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