Los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del pasado 10 de agosto siguen calculándose. El desastre natural, que deja hasta el momento más de 130 muertos y varios desaparecidos, afectó también edificaciones, incluidas varias sedes judiciales. Por eso, la judicatura tomó una serie de medidas para intentar garantizar el servicio de la justicia y proteger a sus funcionarios.
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Aunque el pasado lunes, día del terremoto, se ordenó en distintas partes del país el trabajo virtual, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que no era una medida suficiente. Por eso, a través de un acuerdo de siete páginas ordenó que se congelaran los términos judiciales en siete departamentos afectados por el hecho.
Según el documento, al analizar la gravedad de lo ocurrido “el Consejo Superior de la Judicatura considera necesario suspender los términos judiciales, entre el 10 y hasta el 14 de agosto de 2026, ambas fechas inclusive, en todos los despachos de los departamentos Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, así como los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Salgar (Cundinamarca)”.
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Según la judicatura, las medidas son “con el propósito de resguardar la vida e integridad de los servidores judiciales, así como permitir la evaluación de los daños a la infraestructura física y tecnológica en las regiones afectadas, sin vulnerar los derechos de defensa y debido proceso que rigen el servicio de administración de justicia”.
A pesar de la suspensión, aclaran, no todas las acciones judiciales serán congeladas. El Consejo señaló que se “exceptúan de la suspensión prevista en el presente artículo las acciones de tutela, hábeas corpus, diligencias de control de garantías con persona capturada y las demás audiencias, trámites o diligencias judiciales que involucren personas privadas de la libertad”.
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Asimismo, dieron a conocer que “se pudo constatar la ocurrencia de daños en distintas sedes judiciales en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, así como los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Salgar (Cundinamarca)”.
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