:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/4Do-F0nkHUjzdKAUR0kyFh6i3M8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/IOUMA3CJO5FCNJUBKP6YPWV37A.jpg)
El Tribunal Superior de Cali precluyó la investigación contra el exfiscal Paulo Cesar García López, quien en mayo de 2012 ordenó la detención del exdiputado Sigifredo López por supuestamente haber participado en el secuestro y posterior asesinato de sus 11 compañeros asesinados por extinta Farc. El exfuncionario, investigado por el delito de prevaricato por acción, se desempeñaba como fiscal 38 de la unidad de derechos humanos, pero fue removido por el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre.
En su solicitud, la Fiscalía sostuvo que los fundamentos que en ese momento existieron para imponer orden de captura contra el exdiputado no son considerados como una extralimitación de sus funciones, pues el fiscal actuó bajo las normas de la época y es “imposible lanzar un juicio de prevaricato”. A su vez, en lo que tiene que ver con la decisión de la medida de aseguramiento tomada por el exfuncionario, el ente investigador consideró que para esos tiempos se contaba con pruebas y testimonios que señalaban a López de tener nexos con las Farc.
La Fiscalía aseguró que los testimonios entregados no hubiesen podido ser ignorados por la información que allí reposaba. “En el momento específico de la definición de la situación jurídica, fueron las intervenciones de los testigos el insumo que permitió estructurar la imposición de la medida, sin que se observe en ese estado procesal causal alguna de que hiciera cuestionar la información suministrada”, dijo en la entidad en su solicitud. Y aseguró, igualmente, que las actividades de García López estuvieron supervisadas tanto por sus superiores como por un delegado de la Fiscalía. (Lea también: Fiscal del caso Sigifredo excusó a fiscal Zamora)
El Tribunal de Cali, con ponencia del magistrado Orlando Salazar, consideró que cuando el fiscal ordenó capturar a Sigifredo López estaba amparado por la ley, es decir, que la resolución el 16 de mayo de 2012 fue legal. Y con respecto a la situación jurídica que tomó el fiscal del caso contra el exdiputado, la corporación determinó que tampoco se encontraron decisiones contrarias a la ley. “Se requiere significar que la prueba a la hora de tomar las decisiones que se cuestionan tenía contornos legales y no generaban motivos obvios o evidentes para sospechar o suponer que fueran contrarias a la ley”, se precisó en el fallo de 64 páginas.
Y agregó: “Como consecuencia de lo analizado, la Sala considera que el comportamiento de Paulo Cesar García no tiene contornos ni matices que indiquen que ha violado tipo penal alguno, por ello se atenderá a decretar la preclusión de la investigación”. (Le sugerimos: Judicatura compulsó copias para investigar a la fiscal Martha Lucia Zamora)
Sigifredo López, quien fue absuelto por esta investigación, sostuvo que las excusas públicas que en ese momento emitió el fiscal general no fueron suficientes porque se le frustró el intento que estaba haciendo por reconstruir su vida luego del secuestro. Igualmente, en reiteradas oportunidades, ha manifesatdo que su imagen y buen nombre se vieron seriamente afectados. “Me exhibieron ante el mundo entero como el peor criminal de la historia de Colombia al acusarme de autosecuestro y de la masacre de mis compañeros”, dijo en su momento. Incluso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por el tiempo en que López estuvo detenido.