Precluyen investigación disciplinaria a Fiscal Ángela Buitrago por caso Plazas

Sin efectos quedó el proceso que adelantaba la Judicatura en contra de la fiscal Cuarta Delegada ante la Corte, Ángela María Buitrago, luego de que el coronel (r), Alfonso Plazas Vega, denunciara supuestas irregularidades en la manera como se obtuvo el testimonio de uno de los testigos clave en el proceso que enfrenta por la presunta desaparición de 11 personas de la cafetería del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Para el denunciante, la fiscal había incurrido en serias inconsistencias cuando obtuvo la declaración del testigo de la Séptima Brigada, quien dijo haber sido trasladado a Bogotá durante el operativo de retoma e hizo referencia a las supuestas torturas y desapariciones de los civiles.

Recientemente, el abogado defensor del general Iván Ramírez, John Fernando Vásquez, dijo tener conocimiento del estudio científico contratado por la defensa de Plazas Vega, que probaba que la firma que aparecía bajo la declaración de Villamizar Espinel no correspondía a la del ex uniformado.

Adicionalmente, la defensa del coronel (r) destacaba la postura de la Procuraduría, que había tenido en cuenta la credibildad de la declaración del ex comandante de la Séptima Brigada, José Ignacio Posada, luego de que negó el traslado de hombres de esa unidad a la retoma del Palacio y, por tanto, desestimó la presencia en el lugar de los hechos de Villamizar Espinel.

Sin embargo, el ex comandante del Ejército, Rafael Samudio Molina, admitió la semana anterior que él sí había dado la orden de la agregación de la Brigada y aclaró que sólo él podía contradecirla, sin que hubiera llegado a hacerlo, aun cuando dijo no poder dar fe  respecto al cumplimiento de su requerimiento.

No obstante, la Judicatura determinó que no había razones para sancionar disciplinariamente a Ángela María Buitrago, cuestionada en diversas oportunidades por sus actuaciones dentro de los procesos que se adelantan por el holocausto del Palacio de Justicia.

En contra de la funcionaria cursa una denuncia por falsedad ideológica que fue presentada por Alfonso Plazas Vega ante la Corte Suprema de Justicia, por los mismos hechos que motivaron la preclusión decidida por los magistrados de la Judicatura.