:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/rm5ra73LXC1QmMSuFdy_uEP6TGI=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AE4AHSXGGFFKZOTY7MLA2GP5IQ.jpg)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acordaron una propuesta conjunta para el financiamiento sostenible del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta propuesta busca que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sean los principales financiadores de ambos órganos del sistema.
La propuesta plantea que el presupuesto anual para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea de aproximadamente 18 mil millones de dólares al año. Estos serán divididos 11 mil millones de dólares para la Comisión y cerca de 7 mil millones para la Corte. La propuesta, según la Corte y la Comisión permitiría aumentar la capacidad institucional de ambos órganos acorde a sus mandatos.
“Los Estados Miembros son los responsables de dotar a los dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con su mandato con plena autonomía e independencia”, aseguró el presidente de la Comisión Interamericana, comisionado James Cavallaro. Asimismo, el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto Caldas, señaló que el objetivo es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea cada vez menos dependiente de las contribuciones de terceros.
Esta propuesta nace después de que la Asamblea General de la OEA, celebrada en junio en República Dominicana, le pidiera a la Secretaría General a que, en consulta con la Comisión y la Corte, incluyera en su propuesta de Programa Presupuesto de 2017 acciones para atender la crítica situación financiera de dichos órganos. El presupuesto de la OEA para 2017 será aprobado en la Asamblea General extraordinaria el 31 de octubre y que tendrá lugar en la sede de la OEA (Washington).
“Esperamos que la propuesta conjunta sea acogida y que los Estados garanticen la sustentabilidad financiera del sistema regional de derechos humanos que ellos mismos crearon, para beneficio de todas las personas que habitan en nuestra región”, declaró el Juez Caldas. La propuesta también señala que un eventual aumento del presupuesto regular no debe excluir la posibilidad de que la Comisión o la Corte continúen recibiendo donaciones voluntarias adicionales.
“La propuesta que hemos presentado no es el financiamiento total de los órganos en una situación ideal, sino que es una iniciativa adaptada al contexto económico actual que atraviesa la región”, explicó el Comisionado Cavallaro. Además, enfatizó que la aprobación de esta propuesta sería un paso “muy significativo”, y que permitiría evitar otra crisis el año próximo.