Presidente Duque firma resolución para extraditar a la hermana de “Otoniel”

Será extradita a Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Colprensa

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El presidente Iván Duque anunció el punto final al proceso de extradición de Nini Johana Úsuga, alias La Negra, hermana de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. En las últimas horas, el máximo mandatario firmó la resolución que autoriza el traslado de quien es solicitada por la Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), quien en junio de 2014 fue condenada por pertenecer al Clan del Golfo. Se trata del grupo armado organizado con mayor presencia en el país y que en la última semana perpetró el terror del paro armado en 11 departamentos.

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Nini Johana Úsuga, alias La Negra, es solicitada por la Corte de Florida desde diciembre de 2018. Entonces, el despacho la acusó por presuntamente traficar cocaína desde Colombia, con destino a países de Centroamérica a través de lanchas rápidas go fast. En esos enclaves, acusar la Corte, la droga finalmente era transportada a Estados Unidos, en este caso preciso entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de febrero de 2014.

La solicitud de la Corte de Florida tomó su recorrido por las autoridades nacionales pertinentes. Entre ellas, el Ministerio de Justicia, el cual el 20 de mayo de 2021 remitió a la Corte Suprema de Justicia la documentación para lo de su competencia. El pasado 29 de abril, mientras Otoniel permanecía capturado en la sede de la Dijín en Bogotá, la alta corte dio luz verde a la extradición de alias La Negra. Solo restaba la firma del decreto por parte del presidente Iván Duque.

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Lo que reposa en la investigación es que Nini Johana Úsuga era la encargada de las finanzas que dejaba el envío de droga hacia Centroamérica, y que estaba delinquiendo tras quedar libre por una boleta de libertad falsa que presentó en diciembre de 2013, en la cárcel El Pedregal (Antioquia). La información en poder de la Fiscalía no solamente llevó a que se impusiera una condena en su contra, sino hacer recapturada un mes después.

Para esa época, la hermana de Otoniel llegó a un acuerdo con el ente acusador: aceptó su responsabilidad y a cambio tuvo una rebaja en su condena. El prontuario criminal de Nini Johana Úsuga, según las investigaciones, ha estado marcado por la labor de Otoniel como máximo jefe del Clan del Golfo, de ahí que los dos hayan sido solicitados en extradición para responder por cuantiosas cantidades de droga que enviaban a territorio extranjero.

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El mismo proceso sucedió con alias Otoniel, quien desde el pasado 4 de mayo está en territorio estadounidense y ya se declaró inocente ante una jueza federal de Nueva York. Otoniel, que compareció vestido con un mono de color naranja y con mascarilla, está acusado entre otras cosas de “liderar una empresa criminal continuada” entre los 2003 y 2021. Además, es señalado de “participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que las drogas serían importadas ilegalmente a Estados Unidos”.

Así lo reseña su acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tres procesos abiertos en Estados Unidos que tiene Otoniel desde 2009. Para lograr su propósito criminal, señala el indictment -escrito de acusación-, se habría apoyado con socios en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México. En nuestro país, acusa la Corte de Nueva York, “empleaba ‘sicarios’ o asesinos a sueldo, quienes llevaban a cabo diversos actos de violencia, como asesinatos, agresiones, secuestros y atentados”.

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La extradición de Otoniel, según explicaron en comunicados quienes quedaron a cargo del Clan, fue el origen del reciente paro armado en la costa y el pacífico nacional. Al menos 11 departamentos se vieron afectados, según cuentas de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La tensión que se vivió en las regiones entre el 6 y este 9 de mayo fue especialmente grave en La Guajira y Chocó, donde en el 100% de los municipios hubo eventos relacionados con el paro. En total, en 178 municipios del país se registraron hechos violentos, tales como asesinatos, confinamientos, quema de buses y amenazas a la población civil.

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