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Una audiencia reservada ante el despacho de la jueza 131 con función de control de garantías de Bogotá terminó con la negación de la medida de aseguramiento preventiva para un exmilitar y dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, imputados por su presunta participación en el entramado de corrupción que rodea el contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 rusos del Ejército Nacional.
Se trata del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación Número 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, Diego Alejandro Manrique Cabezas. Los tres fueron capturados en distintas diligencias adelantadas el pasado 16 de diciembre, por presuntamente haber hecho parte de la supuesta red de corrupción.
Según los argumentos de la Fiscalía en su imputación, los exfuncionarios habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación. Son señalados de supuestamente haber intervenido en los trámites para la celebración de un millonario contrato que fue asignado a la empresa Vertol Systems, el 31 de diciembre de 2024.
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El negocio, por un monto de USD 32 millones, tenía por objeto adelantar el mantenimiento de la flotilla de helicópteros Mi-17 rusos del Ejército Nacional, que siguen en tierra en el fuerte militar de Tolemaida, luego de que la firma contratada incumpliera con sus obligaciones. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que la firma contratada no tenía las capacidades técnicas ni la experiencia para cumplir con el millonario contrato.
Sin embargo, el negocio quedó en firme, al parecer, con la intervención de los exfuncionarios Rincón Ricaurte, Mora Tamayo y Manrique Cabezas. Ellos, según la Fiscalía, “no cumplían cualquier función, cumplían funciones trascendentales para que se fueran cumpliendo estos actos y superar una etapa precontractual que debía tener unos estudios previos”.
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El ente investigador argumentó que las evaluaciones a la propuesta de esa firma en la licitación indicaban que no tenía las capacidades para ejecutar el contrato. Sin embargo, la empresa ganó la invitación pública, cosa que no habría sido posible sin la intervención de los entonces funcionarios. Un año después, ante sus incumplimientos, la empresa Vertol se hizo a una sanción por parte del Ministerio de Defensa, de COP 33.700 millones, por su incumplimiento.
Para la Fiscalía, hubo “falsedades, cosas que son ajenas a la realidad para darle apariencia de legalidad y tratar de ocultar un poco esa inobservancia”. Sus actuaciones, según señaló el ente investigador, terminaron “induciendo en error al ordenador del gasto, que era el secretario general, que firmó esa modificación autorizando el pago”. Dentro del caso también están mencionados Carlos Martín Uribe, representante de MI Series Personnel & Parts, y James Lester Montgomerie, director ejecutivo de Vertol.
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Sin embargo, estas dos últimas personas están fuera de Colombia y la Fiscalía ya pidió que se tramite la respectiva circular roja de Interpol, para dar con su paradero. Mientras tanto, las audiencias de imputación y medidas de aseguramiento contra los exfuncionarios capturados en Colombia, que se adelantaron de manera pública hasta el 19 de diciembre, fueron reservadas después de esa fecha, por orden de la jueza 131, al tratar detalles sobre la seguridad y defensa del país.
Solo hasta este 30 de diciembre se conoció la decisión de negar la solicitud de medida de aseguramiento preventiva en contra de las tres personas y dejarlas en libertad mientras avanza el proceso en su contra. La togada argumentó que no hay razones ni antecedentes de que, estando en libertad, puedan entorpecer el proceso. La Fiscalía interpuso un recurso de apelación, el cual está en trámite y pasará a otro juzgado de Bogotá para ser resuelto en 2026.
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