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La procuradora primera delegada para la contratación pública rechazó el recurso de nulidad presentado por el abogado Luis Yesid Hoyos, quien defiende los intereses del gobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena por su presunta participación y conocimiento en las irregularidades que habrían rodeado el contrato para la adjudicación del juego del chance en septiembre de 2013.
La delegada del Ministerio Público no aceptó los argumentos esgrimidos por el abogado defensor, indicando que el Procurador General y sus representantes pueden adelantar investigaciones y sancionar a funcionarios públicos, inclusive aquellos que fueron elegidos por voto popular, reseñando para la Constitución Política de Colombia.
En este sentido señaló que este proceso se adelanta en un marco constitucional, señalando que la Corte Constitucional dejó en firme la función para ejercer vigilancia superior a la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive la elección popular.
Ante esto se indicó además que el jefe del órgano de control disciplinario tiene la competencia para investigar y sancionar a los congresistas o cualquier otro que desempeñe una actividad parlamentaria, basándose para esto en una sentencia emitida por la Corte.
En el caso de la convención interamericana de Derechos Humanos, la procuradora delegada señaló que el alto tribunal ya se refirió a este caso señalando que en este tipo de casos se debe evaluar el diseño institucional de cada Estado para la aplicación y reglamentación de este instrumento internacional.
La audiencia fue suspendida para el 21 de enero. En esa fecha se determinarán las pruebas que serán tenidas en cuenta en el proceso disciplinario.
Vulneración a los derechos políticos
El abogado defensor indicó que existe un “vacio” en la interpretación frente a la competencia que tiene la Procuraduría General para imponer una sanción disciplinaria a una persona elegida popularmente, afectando así el goce de sus derechos políticos.
En este sentido señaló que su defendido está expuesto a una suspensión provisional de su cargo mientras se adelanta el proceso disciplinario, el cual podría terminar además con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Ante esto señaló que se le estarían vulnerando los derechos políticos estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. “Si bien es cierto que la Constitución le atribuye al Procurador General la vigilancia oficial de quienes desempeñan funciones públicas e imponer sanciones disciplinarias de acuerdo a la ley se debe revisar esta situación”.
Igualmente manifestó que es menester un comunicado institucional frente a este tipo de eventos, en los cuales los procesados fueron servidores públicos que fueron elegidos por voto popular cumpliendo las disposiciones de la Constitución Política de Colombia.