Desde este jueves, la Procuraduría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) establecerán rutas de trabajo que impulsarán la definición de la situación jurídica de las personas que comparecen ante la justicia transicional. El acuerdo de cinco páginas estipula que el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas enviará al Ministerio Público la lista de todos los comparecientes.
De acuerdo con el convenio, para el caso de los comparecientes que no tengan la condición de máximos responsables o partícipes determinantes en la comisión de delitos graves y representativos, el Ministerio Público en forma autónoma e independiente, podrá priorizar el concepto sobre el cumplimiento de las condiciones para recibir tratamientos definitivos y no sancionatorios.
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Para la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, el convenio permitirá “trabajar en conjunto, pero con independencia y autonomía para impulsar de la mejor manera los procesos de aquellos partícipes no determinantes en los once macrocasos”. En los conceptos de grupos de comparecientes, el ente de control también podrá trabajar a partir de los patrones de criminalidad examinados por las Salas.
“A partir de los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz, del trabajo y conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, así como de los diferentes medios de prueba y documentos que obran en los expedientes judiciales a cargo de la Jurisdicción, la Procuraduría podrá analizar, para los efectos de su intervención, si los comparecientes han aportado verdad plena”, dice el acuerdo firmado por el magistrado Eduardo Cifuentes y la procuradora Cabello.
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De acuerdo con lo pactado, el Ministerio Público podrá constatar las revelaciones hechas por estas personas ante los distintos órganos de la justicia transicional con las hipótesis, descubrimientos y conclusiones conseguidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad respecto de cada uno de los patrones que hallaron en el marco del conflicto armado por parte de actores armados ilegales.
Entre otras cosas, el Ministerio Público podrá consultar información que tenga la JEP sobre programas y proyectos que estén disponibles en el marco de su sistema restaurativo, y que están a cargo de entidades nacionales y locales, para el cumplimiento de las medidas de reparación a cargo de los comparecientes.
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El ente de control también será garante en que se respete el debido proceso a todas las partes que cumplan una función en medio de un proceso judicial adelantado ante la JEP. “A tales efectos, la magistratura buscará que dichos expedientes judiciales electrónicos -organizados a través del Sistema de Gestión Judicial-, cumplan con los principios de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad”, explica el convenio.
El magistrado Cifuentes, por su parte, resaltó que, si bien estos conceptos de la Procuraduría no serán vinculantes, constituirán una guía importante para la magistratura a la hora de tomar decisiones en los procesos. Finalmente, ambas entidades acordaron que la presidencia de la JEP creará canales de articulación necesarios con todos los despachos judiciales que sean relevantes para facilitar a la Procuraduría obtener la información para el ejercicio de sus funciones.
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Recientemente, la JEP y la Fiscalía también celebraron un convenio de cooperación que tiene como objetivo de reducir la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Lo primero fue precisar que, como lo ordenó la Corte Constitucional, la Fiscalía no puede restringir la libertad, ni citar a diligencias judiciales, a personas vinculadas con la guerra que sean competencia directa de la JEP. Tal es el caso de exguerrilleros, colaboradores de los paramilitares o militares asociados con falsos positivos.
En ese orden, la Fiscalía presentará nuevos reportes sobre hechos graves y representativos del conflicto armado, con pruebas sólidas, que complementen los hallazgos de la JEP en cada uno de sus macrocasos. Las investigaciones de la Fiscalía, incluso, podrían ser contrastadas con las propias versiones voluntarias de los comparecientes a la JEP, antes de que esta última defina si formula imputaciones o si define su situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios.
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