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La Procuraduría investigará si funcionarios de la entidad incurrieron en faltas disciplinarias, por un supuesto cartel que ofrecía un catálogo de servicios ilegales en el centro penitenciario en la capital del país. Se indagará presuntos cobros por permisos para salir, ingreso de licor, armas y drogas, entre otros “servicios” que se ofrecían a las personas privadas de la libertad a cambio de dinero.
Esta investigación se da luego de que se dieran a conocer las denuncias por supuestos cobros a personas privadas de la libertad, por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a cambio de beneficios, un asunto que ya está en el radar de otras autoridades como la Fiscalía General.
“Se indegará si integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y funcionarios administrativos del centro penitenciario ofrecían servicios ilegales a las personas privadas de la libertad, como permisos para salir, visitas no permitidas, ingreso de armas, drogas y licor, entre otras irregularidades a cambio de dinero (...) la solicitud de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis técnicocientíficos, que buscarán aclarar los hechos denunciados en La Picota, al sur de la ciudad de Bogotá”, señala la procuraduría.
Al parecer, dicen las autoridades, más de una docena de dragoneantes habrían participado en diversas actividades irregulares al interior de las cárceles, quiénes fueron descubiertos en un trabajo arduo entre el Inpec y su unidad investigativa y una delegación de la Fiscalía, liderada por el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. Los custodios del INPEC ingresaban celulares, licor y drogas, pero también habrían pedido dinero a cambio de permisos especiales, el ingreso de visitas y prostitutas a la cárcel.
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