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La Procuraduría General de la Nación dio un ultimátum a la Superintendencia Nacional de Salud para entregar información sobre la situación actual de la Nueva EPS. La misiva fue enviada por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, a la superintendente nacional de Salud, Luz Marina Múnera.
Esta situación se da luego de que, el pasado 3 de abril, se venciera la resolución que mantenía la extensión de la intervención de la Nueva EPS por parte de la Supersalud. Por ello, entre las solicitudes realizadas por la Procuraduría está la de confirmar si se mantienen o no las causales de intervención forzosa por parte del Gobierno.
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Asimismo, la Procuraduría señaló que la Nueva EPS aún no cumple con la totalidad de las órdenes impartidas por el ente de control: “A pesar de las acciones implementadas por la EPS en las actividades relacionadas con el cierre, certificación, dictamen y el proceso de aprobación de los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024, así como en la estabilización del envío de información regulatoria requerida por la Supersalud”.
Agregado a esto, el Ministerio Público aclaró que la Nueva EPS aún no ha logrado implementar mecanismos de control y gestión sobre los recursos que recibe del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): “Esta situación se evidencia en la continuidad del otorgamiento de anticipos a prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, práctica que debería ser excepcional y debidamente controlada”.
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En la misiva, la Procuraduría también indicó que la Nueva EPS no ha logrado cumplir la meta relacionada con el procesamiento de cuentas médicas mediante la implementación de un plan integral de modernización tecnológica. “Hasta el 31 de agosto de 2025, dicho proceso se ejecutaba mediante un aplicativo altamente manual, lo cual generaba ineficiencias operativas, mayores tiempos de respuesta y riesgos en la calidad de la información procesada”, se lee en el documento.
Según datos producto de informes de gestión, a los que tuvo acceso este diario, las dificultades para acceder a medicamentos han afectado al 17,5 % de los afiliados de la EPS: entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron un 160 %. Hasta el momento, ni la Nueva EPS ni la Supersalud se han pronunciado para aclarar la situación de la entidad, la cual es la única aseguradora con presencia en todo el territorio nacional y cuenta con más de 11,5 millones de afiliados.
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