En el marco del conversatorio “Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia: Nuevas Dinámicas y Desafíos para la Justicia y la Protección Integral”, organizado por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría hizo un llamado urgente a fortalecer las respuestas institucionales para garantizar la atención integral a las víctimas y evitar la revictimización, especialmente en procesos de atención y judicialización.
Durante su intervención, el Ministerio Público advirtió sobre las fallas frecuentes en la activación oportuna de las rutas de atención y las debilidades en la articulación institucional. La Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, María Fernanda Rangel Esparza, señaló que estos factores retrasan las investigaciones, dificultan el acceso a la justicia y limitan la implementación efectiva de las política de prevención y protección.
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Por su parte, el Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Oscar Iván Hernández Salazar, señaló que la actuación del sistema de justicia debe garantizar investigaciones oportunas, diligentes y con enfoque de protección, evitando cualquier forma de revictimización.
Como compromiso durante el diálogo, la Procuraduría señaló que seguirá ejerciendo su función de seguimiento y vigilancia para que los procesos penales salvaguarden los derechos, aseguren el debido proceso y contribuyan al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, a la vez que anunció la construcción de una matriz de intervención para casos de menores víctimas de delitos sexuales.
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Recientes datos revelados por la Corte Suprema de Justicia, uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia (21%) ha sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología.
Entre las formas de violencia más reportadas por la niñez colombiana se encuentran recibir imágenes sexuales no deseadas (15%); ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales (6%); presión para compartir contenido sexual (5%).
En ese contexto, los presuntos delitos sexuales entre 2022 y 2025 constituyeron la segunda forma de violencia más frecuente, afectando a cerca del 60% de los niños y las niñas entre 10 y 14 años. Además, entre 2015 y 2025 se registraron 22.697 menores de edad víctimas de delitos asociados a la explotación sexual comercial. En el mismo periodo, 18.883 personas han sido vinculadas a procesos judiciales por estos delitos.
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