La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves 28 de agosto que ampliará su investigación disciplinaria contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en el convenio para la fabricación de pasaportes. Además, el Ministerio Público anunció que vinculó a seis funcionarios más a las pesquisas.
Según la Procuraduría, se identificaron nuevos hechos que podrían constituir faltas disciplinarias graves, como la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que, según el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitaciones sobre el proceso y a realizar pagos presupuestales para cubrir la prestación del servicio.
De acuerdo con el ente de control, la Imprenta deberá subcontratar otros servicios adicionales debido a su incapacidad para ejecutar completamente el contrato. Por esta razón, el ente de control determinará si se omitió la aplicación de la ley que rige la contratación con organismos internacionales.
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Asimismo, el Ministerio Público investigará si se hizo un supuesto acuerdo para comprometer vigencias futuras”, las cuales son autorizaciones legales que permiten al Estado gastar un presupuesto, aunque aún no se haya recaudado el dinero, lo que afectaría a gobiernos futuros. Esto implicaría un “cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior”, según la Procuraduría.
El ente de control revisará también la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros puntos del convenio. Además, investigará posibles “vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia”, los cuales habrían afectado la toma de decisiones de la empresa.
A esta investigación fueron vinculados el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora. Así como miembros de la junta y delegados de distintos ministerios: Jaime Berdugo, del Ministerio del Interior; Luis Alberto Sanabria, del Ministerio de las Culturas; Dora Ojeda Roncancio, del Ministerio de Educación; y Ricardo Arque Benavides, del Departamento Administrativo de la Presidencia.
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