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La Procuraduría General de la Nación radicó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que busca que se anule el convenio que había sido firmado entre la Cancillería de Colombia, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos. Un millonario negocio que, en concepto del Ministerio Público, tiene fallas relacionadas con el requisito de financiación mínima.
La demanda radicada por la Procuraduría y firmada por Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado preventivo y de control de gestión, es un documento de 37 páginas en el cual el Ministerio Público detalló las razones por las que es necesario ponerle freno de mano al convenio con Portugal, que los recursos que ya se han invertido regresen al país y se busquen otras salidas para solucionar el dilema de la impresión de pasaportes.
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Según la Procuraduría, el convenio celebrado el 18 de julio de 2025 deja claro en su cláusula número cinco que “no tiene recursos para su ejecución. Las entidades, si hay lugar a ello, para cada vigencia fiscal apropiarán los recursos que permitan suscribir los contratos derivados de la prestación del servicio”. Diez días después, el 28 de julio, se celebró el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, por COP 1,3 billones.
Esa operación, detalló la Procuraduría, se hizo siguiendo los lineamientos de la ley de contratación con organismos internacionales, pero no se habría cumplido a cabalidad. “Se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21% del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50%”, se lee en la demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Agrega que, a pesar de esa falencia en la negociación y en el cumplimiento de la ley, “se omitió adelantar un proceso competitivo, desconociéndose los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad”. De paso, el Ministerio Público también señaló que la Imprenta Nacional “no contaba con la capacidad técnica y operativa” para ejecutar el contrato. Su función sería la de recibir capacitaciones y realizar pagos, o que obligaba a subcontratar a la entidad portuguesa.
“Durante la visita preventiva del Ministerio Público se constató la ausencia de estudios de mercado y del sector, así como la carencia de una justificación detallada de la necesidad contractual. El documento denominado ‘Justificación para la Selección del Cooperante Internacional’ carecía de firmas de responsables y no cumplía las etapas exigidas por el manual de contratación”, señaló la Procuraduría.
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Además, detalló que hubo problemas con la reunión de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional que se citó para el 18 de julio de 2025 y en la cual se firmó el primer convenio, que le dio luz verde al negocio con Portugal. Para la Procuraduría, hubo “citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros”.
Finalmente, la Procuraduría expuso en la demanda que, aunque el segundo convenio, el del 28 de julio de 2025, reza que se comprometen más de COP 1,3 billones, esa movida se hizo “sin contar con la autorización previa del Confis ni con la declaratoria de importancia estratégica mediante documento Conpes, en contravía de lo previsto en la ley”. En ese sentido, las condiciones para llegar a ese acuerdo, según el ente de control, no estaban dadas.
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“Sírvanse, señores magistrados, declarar la nulidad absoluta del convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación del 28 de julio de 2025, por valor fiscal de COP $1.308.034.931.250″, se lee en las pretensiones de la demanda. Y concluye pidiendo “ordenar a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio”.
Ahora será la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la que tendrá que revisar la demanda de 37 páginas radicada por la Procuraduría. En caso de que esa instancia le dé la razón al Ministerio Público, se echaría para atrás el ya cuestionado avance del nuevo modelo de pasaportes del gobierno Petro, que desde el inicio ha estado en el centro de críticas e investigaciones de las autoridades.
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