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29 Dec 2022 - 6:52 p. m.

Procuraduría denunció penalmente a juez que liberó a miembros de la Primera Línea

El Ministerio Público denunció a la jueza Lilyan Bastidas por el delito de prevaricato, es decir, por supuestamente actuar contrario a lo que se espera de su cargo. La entidad dirigida por Margarita Cabello insiste en que Bastidas no tenía competencia para liberar a los dos jóvenes.
Procuradora General de la Nación
Procuradora General de la Nación
Foto: Óscar Pérez

La Procuraduría sigue presentando recursos judiciales para intentar frenar la libertad de los jóvenes Santiago Márquez y Adriana Bermeo, quienes son investigados por la Fiscalía como miembros de la Primera Línea y que fueron nombrados gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, el Ministerio Público denunció penalmente a la jueza Lilyan Jhoana Bastidas.

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Según la entidad, la jueza Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, no tenía competencia para librar las boletas de libertad de ambos jóvenes, quienes por resolución presidencial aportarán al proyecto de “paz total” del gobierno. Ambos recobraron su libertad hace unos días, en una iniciativa nacional que busca liberar a miembros de la Primera Línea que están en procesos penales por decisión de la Fiscalía y por el pasado paro nacional.

“La denuncia fue radicada ante la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que la funcionaria (Bastidas) no tenía competencia para librar las boletas de libertad, y, por el contrario, se abrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías que se encontraban de turno, tal como lo indican las reglas de reparto establecidas”, señaló la Procuraduría.

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Además, el órgano de control señala, como lo ha hecho desde la semana pasada, que las resoluciones de gobierno no dispusieron la suspensión de la detención preventiva de ambos jóvenes, sino, supuestamente, solo de las órdenes de captura. Y que la orden de la jueza Bastidas, al parecer, no tiene constancia de la norma que la puede facultar para decretar la libertad de investigados como Márquez y Bermeo.

Para la Procuraduría, la jueza Bastidas debía, al menos, realizar un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteaba y no actuar como una “simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”. Y le recriminó a la Rama Judicial porque, al parecer, durante el proceso no le habrían permitido participar al procurador judicial designado para ambos casos. Contra la misma funcionaria, la semana pasada la Procuraduría radicó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

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Santiago Márquez, por su parte, es estudiante universitario en áreas de pedagogía y se sabe que ha trabajado en jornadas de recolección y entrega de juguetes y ropa para niños de la localidad de Ciudad Bolívar. La semana pasada El Gobierno Nacional lo eligió a él y otros seis voceros de paz que participarán en los distintos conflictos que se desarrollan en el país. Bermeo es defensora de causas animalistas, líder comunitaria y es instructora en deportes. No obstante, ambos son procesados por delitos relacionados con las protestas del paro nacional de 2021.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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