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La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, abrió este 4 de marzo una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). La decisión tiene como objetivo esclarecer presuntas faltas disciplinarias relacionadas con el contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para personas privadas de la libertad, el cual fue adjudicado a la Unión Temporal Utefectiva.
El caso se originó por una queja en la que se advierte que el contrato, suscrito en 2025, habría sido adjudicado “a dedo”, con el presunto ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de algunos funcionarios de la Uspec y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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Asimismo, el órgano de control señaló que en el contrato se habrían realizado pagos irregulares de la empresa Prepacol por cerca de COP 1.500 millones, “al parecer sin cumplir lo contratado”, así como posibles conflictos de interés con la interventoría.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para identificar a los posibles responsables y verificar supuestas irregularidades, como la manipulación de informes, con el fin de determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias.
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En septiembre de 2026, la Contraloría dio inicio a una auditoría a la Uspec por la reiterada contratación con la empresa Buddi Limited Colombia, la cual desde 2019 ofrecía el servicio de brazaletes electrónicos a personas beneficiadas con prisión domiciliaria. Tras la advertencia del ente de control, la entidad dio inicio a una nueva licitación que hoy también es objeto de cuestionamientos.
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