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En la mañana de este 3 de julio, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el cabildante Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “El Guri”, por las presuntas declaraciones que hizo el pasado 23 de junio durante una sesión plenaria del Concejo Municipal de Medellín (Antioquia). En ellas, habría solicitado “bombardear” territorios del país por los resultados obtenidos en la segunda vuelta presidencial por la candidatura de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.
Durante la investigación, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia establecerá si las manifestaciones atribuidas al concejal, relacionadas con posibles bombardeos y ataques, fueron realizadas con ocasión del ejercicio de sus funciones y si constituirían una falta disciplinaria. El Ministerio Público señaló que esta actuación se limita únicamente a los hechos ocurridos durante dicha sesión del Concejo Municipal.
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La polémica surgió tras la difusión de videos en redes sociales en los que se escucha al concejal afirmar: “Le doy un consejo al próximo presidente de este país. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación porcentajes superiores al 80 % fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos a esas zonas”.
Ante estos hechos, el pasado 26 de junio la Defensoría del Pueblo señaló que las afirmaciones de “El Guri” parten de la suposición de que “la amplia votación obtenida por la candidatura de esa fuerza política evidencia constreñimiento por parte de grupos armados”. Siguiendo esta línea, la entidad indicó que ninguna diferencia política o ideológica puede justificar llamados a acciones dirigidas contra comunidades ni la estigmatización de poblaciones por la manera en que votaron en los comicios.
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“Las expresiones conocidas públicamente podrían configurar conductas graves, incluso delictivas, que deben ser evaluadas por las autoridades competentes, entre ellas posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o conductas asociadas a discriminación y violencia política”, expresó la Defensoría a través de un pronunciamiento público.
Además, la señaló que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio o incitaciones a atacar a la población civil. “Resulta especialmente grave que este tipo de afirmaciones se produzcan en un país atravesado históricamente por la violencia, la persecución política y la acción armada en contra de comunidades enteras”, concluyó la entidad.
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