Procuraduría investiga a exalcalde de La Dorada, Caldas, por presuntas irregularidades en el PAE

Al parecer, el contratista no habría entregado las raciones de alimento pactadas en el convenio.

Foto: Archivo

El exalcalde de La Dorada (Caldas), Erwin Arias Betancur, quien ocupó el cargo entre 2012 y 2015, será investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de un contrato por un valor de más de $570 millones para garantizar la atención alimentaria de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El Ministerio Público anunció la apertura de la investigación que también involucra a al ex director administrativo de la División de Educación, Juan Carlos Rozo Tapiero, y a los exdirectores de la División de Bienes, Johana Guillén López y Jorge Iván Sepúlveda Escobar; a los exsecretarios de Salud, Leandro Augusto Gutiérrez; General y Administrativa, María Zulay León Alzate, y de Hacienda, Giovanny Giraldo Ascanio.

Se investiga si hubo incumplimientos en el desarrollo del convenio suscrito con la Asociación Juvenil Visión Futura, que estarían relacionados con la contabilización de los inventarios, la cantidad y el precio de las raciones entregadas por el operador, las cuentas maestras para la asignación especial de alimentación escolar y la supervisión de obligaciones contractuales.

Al parecer, a una semana de cumplirse los 148 días pactados en el convenio suscrito en 2015 para la entrega de 47.360 desayunos a los estudiantes, solo habrían distribuido 2.560 raciones, y de los 107.744 almuerzos que debían prepararse en las instituciones educativas, solo habrían entregado 5.960.

Entonces, la Procuraduría busca establecer si los investigados pudieron incurrir en falta disciplinaria por posibles omisiones en la complementación alimentaria de los alumnos de los colegios El Japón, sede principal; Buena Vista, sede Colegio Oficial Mixto Guarinocito; Guarinocito, sedes Escuela Francisco José de Caldas y Escuela La Bocana; y Nuestra Señora del Carmen, sede Escuela Antonio José de Sucre.

El ente de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública. Para ello, los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.