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Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, expidió la directiva con la cual fijó un paquete de prohibiciones para los servidores públicos y funcionarios estatales. La medida tiene como objetivo blindar las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan, y garantizar que se desarrolle en condiciones de neutralidad, transparencia y equidad.
La directiva fue expedida en el marco de las elecciones para el Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo de 2026, y para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, programadas para el 31 de mayo del próximo año, con una eventual segunda vuelta el 21 de junio siguiente.
El procurador enfatizó que si bien los servidores públicos conservan su derecho a votar y a afiliarse a partidos, deben abstenerse de usar su cargo o recursos del Estado para fines partidistas.
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Las prohibiciones
De acuerdo con la directiva, estas son las 12 conductas expresamente prohibidas para los funcionarios:
- Utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos y en controversias políticas.
- Acosar, presionar o determinar de cualquier forma a particulares o subalternos para respaldar causas, campañas o controversias políticas, o influir en procesos electorales de carácter partidista.
- Usar bienes, equipos o recursos públicos para hacer proselitismo o desarrollar actividades políticas.
- Emplear información reservada a la que se tenga acceso por razón del cargo con fines proselitistas.
- Exonerarse de deberes constitucionales y legales bajo el pretexto de ejercer el derecho a participar en política.
- Disponer del horario laboral o del tiempo de servicio para adelantar actividades de carácter político.
- Hacer contribuciones financieras a campañas, partidos o causas políticas, salvo las excepciones previstas para los miembros de corporaciones públicas.
- Difundir propaganda electoral o manifestaciones públicas a favor o en contra de partidos, movimientos o candidatos a través de cualquier medio.
- Intervenir en controversias políticas en medios de comunicación, redes sociales o espacios públicos.
- Ofrecer beneficios indebidos a ciudadanos o comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el fin de influir en la intención de voto.
- Autorizar el uso de inmuebles o bienes públicos para actividades proselitistas.
- Destinar recursos estatales a actividades políticas, salvo los expresamente asignados por el Estado a través del Fondo Nacional de Financiación Política.
El procurador también ordenó reforzar la labor preventiva y de control del Ministerio Público. Procuradores regionales, distritales y provinciales, junto con los personeros municipales, deberán vigilar que se cumplan estas disposiciones en todas las etapas del proceso electoral, desde la actualización del domicilio electoral de los ciudadanos hasta la fase poselectoral.
En ese sentido, recordó que las Comisiones Regionales, Distritales y Provinciales de Control Electoral, que hacen parte del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, deben operar de manera prioritaria y reportar periódicamente a la Comisión Nacional de Control Electoral de la Procuraduría, bajo la coordinación de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para Asuntos Electorales y Participación Democrática.
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Finalmente, Eljach invitó a la ciudadanía a convertirse en veedora del proceso. Hizo un llamado a denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad en la conducta de funcionarios o particulares que manejen recursos públicos, allegando las pruebas que respalden sus señalamientos.
“Para el efecto, se encuentra habilitada la sede electrónica de la página web institucional de la Procuraduría General de la Nación, disponible en el link https://sedeelectronica.procuraduria.gov.co/PQRDSF/, a través de la cual se podrán radicar las quejas y denuncias relacionadas con los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana; y de manera presencial en cualquiera de las sedes de las procuradurías regionales y provinciales, personerías municipales y distritales”, subrayó el jefe del Ministerio Público.
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