La Procuraduría le pidió a Empresas Municipales de Cali (Emcali) iniciar acciones judiciales y administrativas contra los consorcios Clarificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino, los cuales estaban encargados de dos acuerdos para renovar la alimentación eléctrica de la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino, en Cali. El Ministerio Público espera que Emcali pueda “recuperar los recursos públicos, en caso de que se haya producido o pueda producirse un daño que afecte el patrimonio de la entidad y de los caleños”.
Procuraduría instó a EMCALI a iniciar acciones judiciales y administrativas contra consorcios que habrían presentado documentación falsa
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 21, 2021
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La Procuraduría explicó que se trata de supuestos contratos firmados para la renovación eléctrica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino Fase 1. Los contratos buscaban la reposición de unidades de clarificación de agua de la misma planta. La Procuraduría presentó algunas inquietudes sobre la terminación anticipada y por mutuo acuerdo entre la empresa y los consorcios, luego de, supuestamente, ver una posible falsedad en los documentos de crédito.
Según el ente de control, el gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez González, deberá explicar los análisis de riesgos jurídicos hechos por la empresa, para determinar que la terminación de los contratos era la mejor opción el los negocios. De la misma manera, el Ministerio Público le preguntó a Flórez si Emcali sufrió daños indemnizables por acciones de los contratistas. Asimismo, la Procuraduría solicitó información sobre acciones judiciales o administrativas que inicien por la no ejecución de los contratos.
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A su vez, el Ministerio Público solicitó información sobre el estado final de ejecución física y financiera de cada uno de los contratos, al igual que las labores ejecutadas por los contratistas y la existencia de saldos pendientes de pago a favor de estos. Por último, si Emcali inicia nuevos procesos de contratación para adquirir bienes y servicios contratados con los dos consorcios, deberá informar a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública el presupuesto que se asigne para esto, al igual que la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal y el cronograma correspondiente.
Emcali ha sido relacionada con el escándalo de la unión temporal Centros Poblados y Mintic por el billonario contrato suscrito para llevar internet a áreas rurales del país. Jorge Alfonso Molina, uno de los testigos clave en la investigación, pues habría gestionado las garantías bancarias falsas que terminaron el acuerdo, aseguró que en octubre de 2020 se encontró con el contratista Emilio Tapia, en un edificio den la calle 93 con carrera 17, en el norte de Bogotá.
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Según explicó Molina, a esa reunión acudió Juan José Laverde, exfuncionario de Rave Seguros. Ahí, dijo Molina, habrían iniciado sus negocios para quedarse con el billonario contrato de Mintic e, incluso, sobre contratos que involucrarían a Emcali. Al parecer, en el caso Mintic y Emcali hubo el mismo modus operandi, pues contratistas habrían entregado documentación falsa durante el proceso de licitación, con la cual se aseguraron millonarios acuerdos públicos.
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