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El recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ha generado polémica, entre otros, por dos artículos que establecen un aumento en los aranceles para importaciones de textiles del 15 % al 37,9 % cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Y uno más del 10 % respecto al valor de la mercancía cuando superen ese peso. El asunto ha sido cuestionado por el gremio, al punto que la Andi, Fenalco, Analdex y el propio gobierno, demandaron estas disposiciones ante la Corte Constitucional.
El alto tribunal unificó las demandas de las tres entidades citadas y, en concepto conocido por este diario, que ya reposa en la Corte, la Procuraduría también se sumó a la petición y pide tumbar los artículos 275 y 275 del Plan, que es la Ley 1995 de 2019. ¿Por qué tanta molestia? Para Analdex, Fenalco y la Andi, el problema consiste en que el Congreso desconoció que el Gobierno tiene competencia exclusiva para regular el régimen de aduanas, lo que incluye aranceles y tarifas.
(En contexto: Controversia por los nuevos aranceles a textiles)
Analdex consideró que el incremento no tiene una finalidad fiscal, en donde la competencia es del Congreso, sino que obedece a razones de política comercial que es una “asignación propia del Estado colombiano”. La Andi agregó que estas disposiciones no tendrían relación con el resto del articulado del Plan de Desarrollo. Y Fenalco apuntó que el aumento de aranceles tiene un impacto negativo en materia económica y comercial, porque se omitió considerar las obligaciones, regulaciones y recomendaciones de los acuerdos comerciales internacionales y porque se afectaría el gremio textil.
En documento de 10 páginas, la Procuraduría considera que estos dos artículos son contrarios a la Constitución Política. “Es claro que las disposiciones relativas al régimen de aduanadas son de competencia privativa del Gobierno, y que al legislativo le corresponde únicamente la expedición de la ley marco que contiene las pautas y criterios generales”, dice el documento. “Para el Ministerio Público, el Congreso extralimitó sus competencias reguladoras en relación con el régimen de aduanas al establecer los aranceles a las importaciones, pues la atribución constitucional para desarrollar la materia corresponde al Gobierno a través de un decreto (…)”, agrega el concepto.
(En contexto: Opiniones en contra y a favor de los aranceles introducidos en el Plan de Desarrollo)
Este caso está en manos del magistrado Alejandro Linares Cantillo. De otra parte, la demanda que presentó el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño Martínez quedó en manos de la magistrada Cristina Pardo. El documento radicado ante la Corte Constitucional el pasado 22 de julio insiste en que el Congreso no tenía competencia en este asunto y tiene otros argumentos de fondo como la supuesta inconveniencia económica del aumento de los aranceles.
“(…) el establecimiento de determinados aranceles al sector textil resulta contrario a los compromisos adquiridos por el Estado en el marco de los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia, teniendo en cuenta que, en virtud de los mismos, el gravamen a la importación de estos productos resulta inferior en la mayoría de los casos. Se destaca en este punto, también, la inconveniencia económica de las medidas y el grave riesgo que representan para la industria nacional y para la economía en general, ampliamente advertidos por funcionarios y sectores relevantes en desarrollo del trámite legislativo, entre otros aspectos, por el posible aumento del contrabando”, dice la demanda.
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