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La alcaldía de Cartagena, por una petición de la Procuraduría, deberá adelantar acciones sancionatorias o de intervención a las entidades públicas que no estén cumpliendo su función de controlar y vigilar los establecimientos nocturnos en la capital del departamento de Bolívar. En desarrollo de una acción de prevención, el Ministerio Público dice que no se está realizando eficientemente la supervisión de licencias y permisos de operación, así como un adecuado control de los requisitos exigidos para su funcionamiento. (Le sugerimos: Cartagena se pronuncia contra la explotación sexual)
El organismo de control también encontró la falta de publicidad en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) sobre los permisos, contratos y autorizaciones de funcionamiento a bares o clubes nocturnos en propiedades destinadas para uso residencial. La Procuraduría le pidió a la alcaldía corregir estas irregularidades y adoptar medidas necesarias para cumplir con el Plan de Normalización Urbanística, el POT y el Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico y su área de influencia.
El Ministerio Público aseguró que el control que la alcaldía realice sobre el funcionamiento de esta clase de establecimientos podría incidir en la reducción de casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Un asunto que ha sido de especial interés para las autoridades, especialmente de la Fiscalía y la Policía Nacional, que han realizado varias operaciones como allanamientos, seguimientos, registros y capturas de personas comprometidas en esta problemática en Cartagena. (Le podría interesar: Viceministro de Turismo respalda acciones contra la explotación sexual de menores)
Uno de los escenarios de la explotación sexual es el centro histórico de Cartagena, con puntos específicos como la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches. Allí, según las autoridades, es posible ver jóvenes entre 14 y 17 años, al parecer, reclutadas por redes de proxenetas que les definieron rutinas y horarios, y las obligaban a ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Muchas de las víctimas identificadas son migrantes venezolanas en estado de vulnerabilidad.
“Estamos totalmente comprometidos las autoridades nacionales y locales en combatir este delito. Contamos con la voluntad de los gremios, la Procuraduría, Policía y todos los prestadores formales de servicios turísticos que se han sumado como garantes de los derechos de los menores, y a trabajar junto al Gobierno en la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto del turismo”, declaró, en su momento, el viceministro de turismo Juan Pablo Franky. (Lea también: Las aberraciones que encontró la Fiscalía en operativo contra la explotación sexual en Cartagena)