Procuraduría pide no darle muerte política al senador “Manguito”

El Ministerio Público dio su concepto en una audiencia pública que citó el Consejo de Estado tras la demanda instaurada por congresistas de la Coalición Decentes que se sentían traicionados por un supuesto conflicto de interés del senador Jonathan Tamayo.

Redacción Judicial
12 de septiembre de 2019 - 08:30 p. m.
El senador Jonathan Tamaya asegura que no existe el conflicto de interés por el que fue demandado. / Archivo El Espectador
El senador Jonathan Tamaya asegura que no existe el conflicto de interés por el que fue demandado. / Archivo El Espectador

Los congresistas María José Pizarro, Aida Avella y Gustavo Bolívar, de la Coalición Decentes, demandaron desde mayo de este año la investidura del senador Jonathan Tamayo Pérez por un supuesto conflicto de interés. Según la demanda, la actitud con la que ha venido actuando dentro del Capitolio el senador, más conocido como Manguito, en defensa de los postulados del Gobierno de Iván Duque, va en contravía de los intereses de la coalición que los llevó a los cuatro al Congreso. Sin embargo, este miércoles, ante el Consejo de Estado, la Procuraduría aseguró que no existen pruebas de la causal con la que le quieren dar muerte política al senador Tamayo Pérez.

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El Ministerio Público, que siempre interviene en esta clase de procesos, advirtió que sí está demostrado que Manguito se alejó de la postura que adoptaron sus compañeros porque en lugar de declararse en oposición, como hicieron Avella, Bolívar, Pizarro y el representante David Racero —también de Decentes—, él ha votado en favor de las propuestas legislativas del gobierno. Sin embargo, el Ministerio Público anotó que solo esa postura no constituye un conflicto de interés, causal por la que los compañeros de coalición del senador Tamayo piden que se le decrete la muerte política.

Según explicó la Procuraduría, para demostrar que existió un conflicto de interés los demandantes deben aportar pruebas de que el congresista actuó para beneficiar —por lo general económicamente— a sí mismo, a sus familiares o a socios. "Para la Procuraduría es claro que Tamayo no coordinó su actividad legislativa con el resto de los miembros de la coalición. Sin embargo, esta sola situación no demuestra un beneficio directo para él o para sus familiares y amigos, como lo exige la norma", señaló el ente de control.

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Es decir, para el Ministerio Público sí está demostrado que el senador se separó de la coalición con la que llegó al Congreso, a través de pruebas como el apoyo de Manguito al gobierno en temas álgidos como las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y con las declaraciones que el mismo senador ha dado en medios de comunicación. Sin embargo, estos hechos y testimonios, agregó el delegado de la entidad, no demuestran que producto de esa forma de actuar en su labor legislativa le significara un beneficio.

En diálogo con El Espectador, Manguito se mostró tranquilo e insistió en que nunca traicionó la confianza de sus compañeros, como aseguran los demandantes, sino que ha obrado en el Congreso, conforme a lo que prometió en campaña y que, de hecho, el partido ASI, que le dio el aval, se declaró de gobierno. "La coalición no era una unión, e incluso fue una batalla para llegar a las elecciones y ahora quieren obligarme para que vote en contra de mis valores y principios", señaló el senador.

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Al Consejo de Estado le corresponderá, entonces, estudiar los argumentos de todas las partes y decidir si acoge la petición de los Decentes, o si le da la razón a la Procuraduría y al senador Manguito. Una vez esto suceda, la Sala Especial que decide el futuro político del congresista deberá determinar si le mantiene la investidura o no, fallo que puede ser apelado, con lo que pasaría a ser revisado por la totalidad de los magistrados del alto tribunal.

Por Redacción Judicial

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