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Los líos para Roberto Prieto no terminan. Aunque este martes se conoció que la Fiscalía le archivo una investigación que se adelantaba en su contra por los topes de la campaña presidencial del entonces candidato y hoy presidente Juan Manuel Santos en el año 2010, la Procuraduría compulsó copias para que indague sobre un nuevo hecho que podría poner a Prieto en apuros: un presunto incremento patrimonial injustificado.
En una carta enviada por el secretario ejecutivo de la procuraduría primera delegada para la contratación estatal, Víctor Hugo Pinzón, a la fiscal Amparo Cerón, pide que se investigue al exgerente por un supuesto enriquecimiento ilícito cometido en 2015. De acuerdo con los investigadores, el patrimonio de Prieto se incrementó en más de $300 millones para ese año, lo cual no está debidamente sustentado.
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Por otra parte, la Fiscalía archivo la investigación que adelantaba contra exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Para el ente acusador, en el momento de los hechos superar los topes de las campañas no se consideraba como delito electoral.
Tal investigación surge del interrogatorio hecho al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, involucrado en los sobornos hechos por la multinacional Odebrecht en el país, en el que reveló que la empresa brasileña supuestamente hizo aportes de US$450 mil dólares a la campaña de Santos 2010. En estos hechos también habrían estado involucrados Santiago Rojas y Araceli Rojas, auditora interna de esa campaña. El diseño de los afiches de tal campaña estuvo a cargo de la firma Impressa Group Corp.
El exgerente de la campaña, Roberto Prieto fue enviado a la cárcel el pasado martes 29 de mayo por sus presuntas actuaciones ilegales que, como se ha venido comprobando, se utilizaron para adjudicar algunos tramos del proyecto de la Ruta del Sol III. Para el caso en concreto, el tramo entregado fue el sector tres, entregado en 2010 a Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia. La Fiscalía le abrió investigación formal por, presuntamente, haber recurrido al tráfico de influencias ante la Agencia Nacional de Infraestructura para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).
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El pasado 8 de mayo, la Fiscalía le imputó a Prieto cinco delitos: tráfico de influencias de particulares, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falso testimonio. Según el ente investigador, Prieto, que era una persona reconocida por estar vinculado a campañas presidenciales, usó esa condición para ejercer supuestas presiones en favor de Yuma Concesionaria. A cambio de ello habría recibido $650 millones, que fueron cobrados por medio de una factura ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S. Prieto, por su parte, se declaró inocente.