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La Procuraduría General elaboró un documento en el que deja varias apreciaciones sobre uno de los comparecientes de la Fuerza Pública más importantes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Ministerio Público se pronunció sobre las versiones voluntarias rendidas por comparecientes de la Cuarta Brigada del Ejército por los denominados “falsos positivos” y en las que hizo mayor énfasis sobre las hechas por el general retirado del Ejército, Mario Montoya, señalado de ser pieza fundamental en las ejecuciones extrajudiciales.
A finales de septiembre de 2022, el general (r) se presentó ante la JEP luego de que fueran escuchadas 24 versiones de comparecientes vinculados al caso 03, el cual investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. La jurisdicción recibió los testimonios de miembros del Batallón de Artillería #4 Jorge Eduardo Sánchez sobre hechos ocurridos entre el primero de diciembre de 2002 y el 15 diciembre de 2003, además de información entregada por miembros de una unidad militar adscrita a la Cuarta Brigada y varios informes de las víctimas que fueron recibidos por la JEP.
El documento de la Procuraduría y revelado por W Radio señala que: “Solicitamos que se tenga en cuenta el impacto práctico que podría tener la expulsión de este compareciente, en esta fase del proceso, en la que otros subcasos que lo vinculan en roles superiores dentro del fenómeno, siguen en instrucción y en la que las hipótesis de máxima responsabilidad – a nivel nacional siguen en ascenso”. Además, dice la W, expuso testimonios para señalar las presiones ejercidas por Montoya para producir “bajas” en combate sin contemplación amenazando a los subalternos con sacarlos del Ejército.
Lea aquí: Falsos positivos: JEP llama a rendir versión al general (r) Mario Montoya
De acuerdo con lo informado por la JEP, Montoya fue mencionado en 24 versiones entregadas por antiguos miembros del Ejército dentro del caso 03. Los testimonios vinieron por parte de antiguos miembros del Batallón de Artilleria 4 Jorge Eduardo Sánchez durante los años 2002 y 2003. Este batallón precisamente es una de las seis unidades militares que se encuentran adscritas a la Cuarta Brigada, la cual fue comandada por Montoya.
Sumado a las versiones entregadas por miembros de la Cuarta Brigada, la JEP le entregó al general (r) Montoya, un informe presentado ante la jurisdicción por la Fiscalía, además de cuatro informes entregados por varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Montoya es señalado de haber entregado incentivos a soldados y altos mandos para privilegiar las bajas en combate sobre las capturas, lo que habría dado lugar a los falsos positivos.
Además, la Sala de Reconocimiento encontró que Montoya fue mencionado en tres solicitudes de información que presentaron varias autoridades municipales sobre el paradero, en ese momento, de personas dadas por desaparecidas y luego presentadas como bajas en combate por el Ejército. Los informes de las autoridades presentaron desapariciones que ocurrieron durante los años en los que Montoya comandaba la Cuarta Brigada.
Tras escuchar la versión voluntaria entregada por el general retirado en septiembre pasado las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que lograron entrar no quedaron satisfechas con su testimonio. Las víctimas reclamaron que la verdad entregada por Montoya fue insuficiente, ya que esperaban un relato pleno y exhaustivo sobre los crimenes ejecutados por la Cuarta Brigada. Las víctimas aseguraron que el relato de Montoya se concentró en elementos de contexto, como su carrera militar y el conocimiento general del fenómeno macro criminal, y no en los datos específicos.
Las víctimas también le reclamaron a la jurisdicción por los mecanismos utilizados para llevar a cabo esta diligencia. Los representantes legales rechazaron la decisión de la JEP de llevar a cabo esta versión voluntaria del general (r) Mario Montoya mediante un mecanismo de sala de espejo. Esta forma de llevar a cabo la audiencia, no permite que las víctimas interfieran o siquiera sean miradas directamente por el compareciente. Las víctimas afirmaron que esta metodología no fue acordada con ellas y por esto vulnera sus derechos de participación material, directa y efectiva.
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