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Uno de los planes bandera del Gobierno de Gustavo Petro está por materializarse. Se trata de la Política de Defensa y Seguridad que regirá hasta el término de su administración y que presentará el ministro de defensa, Iván Velásquez, durante las próximas horas. La iniciativa que está consignada en el Plan Nacional de Desarrollo es una de las apuestas más ambiciosas que busca proteger la vida en el territorio nacional erradicando las violencias que dejan a su paso los grupos al margen de la ley.
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La hoja de ruta que construyó el Ministerio de Defensa en consenso con jóvenes, organizaciones de derechos humanos, comunidades étnicas y campesinas, entre otras, tuvo su génesis en analizar una a una las políticas de seguridad de los mandatos anteriores. La administración Petro estudió lo que fueron las pretensiones de los Gobiernos de los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque y concluyó que ninguno tuvo un proceso inclusivo y abierto como el que se implementó desde hace unos meses.
“El centro de esta política gira entorno a la protección de la vida y la reducción significativa de las afectaciones humanitarias, especialmente en aquellos territorios más vulnerables por la presencia de organizaciones multicrimen. La seguridad es una condición indispensable para avanzar en la protección de la vida y las garantías a los derechos humanos”, resaltó el Ministerio de Defensa. Añadió, además que la iniciativa estará enfocada a luchar contra las drogas y las rentas ilícitas que deja esta práctica en el país.
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El documento de cinco capítulos condensa las estrategias para llevar a cabo las acciones de contrarrestar el crimen, así como el seguimiento y monitoreo a esas iniciativas. La protección de la vida del Gobierno Petro contempla acciones enfocadas a erradicar las afectaciones a la seguridad en centros urbanos; afectaciones al medioambiente, especialmente en lo que concierne a la deforestación; las amenazas a la soberanía; la lucha contra las drogas y la falta de confianza en las instituciones de seguridad.
Así las cosas, los objetivos específicos son aportar a la denominada paz total, que no es otra cosa que generar espacios de conversación con grupos al margen de la ley. El Gobierno Petro ha logrado que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Farc se sienten nuevamente en una mesa a dialogar para concretar la paz. La hoja de ruta también demarca desarticular las organizaciones armadas ilegales a través del sometimiento a la justicia. La apuesta en este caso es el Clan del Golfo.
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Aunque Colombia en todas las políticas de seguridad ha tenido con eje la lucha contra las drogas, a juicio del Gobierno Petro, esta problemática se combatirá desde una estrategia global, pero que también vincula a territorios que han sido golpeados históricamente por ese flagelo. La hoja de ruta, entonces, marca los puntos para proteger la vida y la biodiversidad, contribuir a la gestión del cambio climático, luchar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, formular una ley de defensa y seguridad fronteriza, proteger la infraestructura, proteger la legitimidad de la fuerza pública, adelantar un proceso de transformación policial hasta gestionar el riesgo de desastres.
La política de seguridad del Gobierno Petro llega cuando la Fundación Ideas para la Paz (FIP) alertó sobre que la percepción de seguridad en los territorios vulnerables se ha deteriorado en el país respecto del 2021 y 2022. Reseñó que los homicidios y desplazamientos hacen parte de las situaciones más latentes en el país que tienen en vilo a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Delitos como el hurto, la extorsión, los confinamientos y delitos sexuales no escapan al ranking de la fundación. Con ese panorama, el Gobierno Petro, en cabeza del Ministerio de Defensa, enfrentará una lucha contra la guerra que no le ha dado tregua a los anteriores Gobiernos.
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