Ricardo Roa y Ecopetrol: los seis episodios para entender la crisis (Parte 2)

Episodio 4: el proyecto Oslo

En mayo de 2024, con las alarmas ya encendidas dentro de Ecopetrol, la junta directiva tomó una decisión que terminaría profundizando la crisis en la cúpula de la compañía. Ya había recibido un informe de la consultora Control Risks que advertía sobre los riesgos reputacionales de mantener a Ricardo Roa en la presidencia. Y no solo por sus líos judiciales, sino también por los cuestionamientos que ya rodeaban a su círculo más cercano, en particular a su pareja, Julián Caicedo, y sus vínculos con el Invías. En ese contexto de advertencias, siete de los nueve miembros de la junta aprobaron una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años: la compra del 30 % de CrownRock, una empresa de Occidental Petroleum en Estados Unidos.

(Lea aquí la primera entrega: Ricardo Roa y Ecopetrol: los seis episodios para entender la crisis durante su gestión)

El llamado proyecto Oslo prometía aumentar la producción en unos 65.000 barriles diarios hacia 2025 y fortalecer las reservas de la petrolera. Sobre el papel, era el tipo de operación que podía cambiar la narrativa de un primer año marcado por la incertidumbre. Para Roa, representaba además su primer gran movimiento en el negocio petrolero, en un momento en el que la compañía enfrentaba presiones por la caída de utilidades y dudas sobre su rumbo estratégico. Pero ese impulso duró poco. El 31 de julio de 2024, en una reunión privada en Piedecuesta (Santander), el presidente Gustavo Petro, según dos miembros de la junta directiva, dio la orden de frenar el proyecto.

Según versiones conocidas semanas después, el mandatario les comunicó a algunos miembros de la junta que vetaría la operación, marcando un punto de quiebre entre las decisiones técnicas de la empresa y la línea política del Gobierno. A finales de agosto, cuando se conoció públicamente la decisión de frenar Oslo, dos de los miembros de la junta, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, renunciaron. En su carta dejaron constancia de las razones expuestas por el presidente para bloquear la operación: que implicaba invertir en fracking, aumentar el endeudamiento de Ecopetrol y transferir recursos al exterior. Más allá de esos argumentos, el episodio dejó una tensión de fondo: hasta dónde llega la autonomía de la principal empresa del país y en qué momento las decisiones estratégicas pasan a definirse en la esfera política.

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Sin ese negocio, los números en Ecopetrol se descuadraron todavía más. En 2024 las utilidades cayeron 21,7 % frente a 2023. Este fue el segundo año consecutivo con baja en las ganancias, pues en 2023 ya habían caído 42 % frente a las cifras históricas reportadas en 2022. Ante estos resultados financieros, Ricardo Roa defendió el desempeño operativo de la petrolera, especialmente la producción. Los números rojos, según la cabeza de la compañía, se deberían a factores externos, con un brent en USD 80 y una menor tasa de cambio. Todos, factores externos a su gestión y al fracaso del proyecto Oslo.

Episodio 5: Un otrosí de Covington no autorizado y la ruptura final de la Junta Directiva

Un millonario contrato terminó por agravar la ya crítica situación en Ecopetrol y sus directivos en agosto de 2024. La raíz de la crisis fue un acuerdo con Covington & Burling, una firma de abogados estadounidense experta en asuntos transaccionales, litigiosos, regulatorios y de políticas públicas. Según su objeto, los directivos de la petrolera pidieron evaluar “el posible interés de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en las acusaciones en Colombia contra Ricardo Roa”. El contrato fue aprobado en agosto de 2024 por USD 875.000. Sin embargo, en diciembre de ese año, el director de cumplimiento de la compañía, Alberto Vergara, aprobó extenderlo y y elevó su valor a USD 5,8 millones.

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Según varios miembros de la junta, esos cambios se hicieron sin su conocimiento y, por eso, anunciaron acciones legales y administrativas. Vergara, en cambio, sostiene que sí fue aprobado por los directivos. El alcance del contrato también encenció las alarmas. Más allá de la asesoría, la firma extranjera asumió funciones de verificación e investigación sobre posibles irregularidades dentro de Ecopetrol. Según varias denuncias de medios de comunicación, Vergara habría ordenado la “retención técnica” de correos electrónicos y documentos de 70 funcionarios, incluyendo al propio Roa. Las líneas de investigación no eran menores: abarcaban contratación en filiales, hasta la campaña presidencial, la compra del apartamento 901 y la supuesta injerencia de Julián Caicedo en la empresa.

El impacto fue inmediato y político. Las revelaciones sobre este contrato, sumadas a las denuncias de corrupción y a las tensiones internas, provocaron un remezón en la junta directiva que incluyó la salida de Mónica de Greiff, su miembro más antigua. Mientras el presidente Petro respaldó públicamente a Roa, incluso frente a cuestionamientos sobre posibles interceptaciones ilegales, dentro de la compañía crecieron las dudas sobre la gobernabilidad de la junta y la permanencia de presidente de Ecopetrol en el cargo. En reemplazo de De Greiff, aterrizó Ángela María Robledo, quien fuera fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018. Su llegada, en octubre de 2025, marcó el ya diagnosticado control de presidente sobre la junta.

Así ha cambiado la junta directiva de Ecopetrol:

Entre esas disputas en junta directiva, los líos judiciales respirándole en la nuca a Roa y las autoridades de Estados Unidos con el ojo puesto en la empresa que cotiza en su bolsa en Nueva York, Ecopetrol siguió atravesada por la línea inamovible del presidente Petro de diversificar el portafolio de la empresa. Él mismo ha insistido en alternativas y dos han llamado la atención del país. La primera es comprar la totalidad de la empresa venezolana Monómeros (intervenida por Estados Unidos) para que la petrolera estatal pase a producir fertilizantes. Y la segunda es participar de un proyecto, de la mano a los Emiratos Árabes, para construir en Santa Marta una “infraestructura de inteligencia artificial” para crear una “nube soberana con los datos del país”.

Y en medio de toda esta tormenta, los resultados financieros tampoco trajeron calma. Las utilidades no solo cayeron 39,5 % frente a 2024, sino que fueron las más bajas en ocho años. Ecopetrol pasó de ganancias por COP 33,4 billones en 2022, que fue su mejor año, a tan solo COP 9 billones en 2025, un desplome acumulado del 73 % en tres años. Roa dijo, nuevamente, que las causas principales eran externas por un “entorno retador”: el barril de brent estaba en USD 68 en el último trimestre, USD 31 menos que en 2022, también había caído la tasa de cambio, existía mayor carga tributaria y había que sumarle los desafíos logísticos por bloqueos en las vías.

Episodio 6: La violación de topes electorales y la imputación que falta

Con una votación de seis contra tres, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión sin precedentes: sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro por ocultamiento de gastos, financiación con fuentes prohibidas y violación de topes. La ponencia concluyó que la campaña no solo omitió reportar más de $3.698 millones, sino que además superó los límites legales en $3.042 millones. Los hallazgos abarcan ambas vueltas: en la primera se dejaron de reportar $2.611 millones, de los cuales $2.459 excedieron los topes; y en la segunda, $1.087 millones, con $583 millones por fuera de los límites. Es la primera vez que una campaña presidencial en Colombia recibe una sanción de este calibre.

La decisión no se queda en una cifra ni en un fallo administrativo: reconfigura el tablero político y judicial. Según el CNE, la campaña incurrió en irregularidades sistemáticas que incluyeron pagos no reportados a más de 35.000 testigos electorales, donaciones prohibidas de sindicatos como Fecode y la USO, la omisión de un préstamo del Polo Democrático y maniobras contables para evitar superar los topes. Además, el tribunal compulsó copias para investigar a Ricardo Roa, gerente de la campaña, por presunto fraude procesal, al considerar que incluyó gastos que no correspondían para obtener reposición estatal. Roa, junto con la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón, deberá responder por multas que superan los $5.900 millones.

El impacto de este fallo trasciende la campaña y golpea de lleno a Ecopetrol. La sanción aumentó la presión sobre la permanencia de Roa al frente de la petrolera, no solo por su rol como gerente de la campaña cuestionada, sino porque ahora enfrenta un nuevo frente judicial derivado de esta decisión. Su continuidad ya era evaluada por consultorías contratadas para medir el riesgo reputacional de la empresa, y este fallo se suma como un elemento determinante a las alertas que, desde 2023, estaban encencidas. Al cierre de esta edición el viernes pasado, todavía no era claro cuándo será la imputación de cargos en contra de Roa. En todo caso, su salida el pasado lunes de la compañía coincidió con otro golpe a las entrañas de la compañía.

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La agencia estadounidense Standard & Poor’s, que emite informes y análisis como ayuda para que inversores puedan medir el riesgo, rebajó la calificación de Ecopetrol a BB-. Aunque la petrolera mantiene un perfil individual sólido, el informe deja claro que su margen está condicionado por las necesidades del Gobierno, que recurre a dividendos altos y mecanismos como el uso de deuda para cubrir obligaciones. Además, el informe incluyó una advertencia clave: cuando la sostenibilidad fiscal depende de exprimir a su mayor activo, la frontera entre política pública y gestión empresarial se vuelve difusa, y con ella crece el riesgo de que Ecopetrol deje de responder a criterios técnicos y termine subordinada a las urgencias del poder.

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Al final, lo que está en juego va mucho más allá de un nombre propio: Ricardo Roa Barragán. La historia que hoy rodea a Ecopetrol es la de una empresa que, pese a las alertas tempranas, terminó atrapada en una cadena de decisiones donde se cruzan intereses privados, poder político, procesos judiciales y las dinámicas del mercado internacional. La justicia tendrá la última palabra sobre la responsabilidad penal de Ricardo Roa, pero el daño institucional ya es evidente: una junta fracturada, una estrategia de intervención desde la Casa de Nariño y una petrolera cuyo rumbo dejó de depender exclusivamente de criterios técnicos. En ese escenario, la pregunta que queda abierta no es solo si Roa podrá sostenerse en el cargo, sino hasta qué punto Ecopetrol podrá recuperar su autonomía en medio de una tormenta que, lejos de disiparse, apenas empieza a definirse en los estrados.

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