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Este viernes, la Corte Constitucional define si acepta para su estudio la tutela que presentó el exfiscal general Eduardo Montealegre, quien solicitó que se mantuviera y extremara el esquema de seguridad suyo y el de su familia por las diferentes amenazas que ha recibido, no solo por las decisiones que tomó mientras fue jefe del búnker, sino posterior a cuando hizo denuncias en contra del expresidente Álvaro Uribe y se acreditó como víctima en el proceso que se surte en contra del exsenador por presunta manipulación de testigos. En primera y segunda instancia, el exfiscal no tuvo la razón con la tutela, pero una insistencia de un magistrado pide que se reviva.
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Para 2016, el exfiscal Montealegre dejó de ser jefe de la Fiscalía, y explicó en la tutela que, tomó decisiones en varios procesos penales de connotación nacional e internacional en los que afectó la libertad y bienes de personas que hacían parte de organizaciones criminales, así como también afectó los intereses de funcionarios públicos y políticos quienes han terminado exponiendo de manera pública su inconformismo. Por eso razón, desde la Fiscalía consideraron que era pertinente que mantuviera el esquema de seguridad que sostuvo mientras fue funcionario.
En 2019, Montealegre le pidió a la Dirección de Protección de la Fiscalía que robustecieran su esquema y el de su familia debido a las declaraciones que entregó en contra del exsenador Álvaro Uribe, pues hace parte del proceso judicial que se surte en contra del expresidente. El exfiscal consideró que debía tomar acciones porque un “grupo de extremistas” que defienden al exjefe de Estado lo amenazaron. En efecto, desde el búnker le dijeron que su nivel de riesgo era “extraordinario” y aceptaron la petición. No obstante, en un estudio de seguridad nuevo que hicieron en 2021, el esquema se disminuyó porque no identificaron más amenazas.
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Con su esquema de seguridad reducido, Montealegre empezó la batalla para nuevamente tener a los hombres y los elementos que lo custodiaban no solo a él, sino a su familia. Presentó derechos de petición en donde solicitaba los motivos por los cuales disminuyeron su esquema y con base en qué tomaron esas decisiones. Aunque recibió negativas el recurso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde le dieron la razón y ordenaron que entregaran la información. No obstante, el tema no quedó ahí, el exfiscal presentó una tutela en donde explicó que la reducción de su seguridad ha traído limitaciones en la movilidad.
El miedo a las posibles afectaciones, a la seguridad personal y a la vida de su núcleo familiar lo ha limitado a moverse tranquilamente por la ciudad, por lo que pretende que se le protejan los derechos a la vida, la integridad física, el debido proceso y la libertad de la movilidad. En marzo de este año, un juzgado de Bogotá le negó la pretensión y en junio el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión porque consideraron que la solicitud no era proporcional ni razonable. Si bien el exfiscal presentó los recursos para no dejar morir su intención, lo que la podría revivir es una petición que hizo el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, a sus compañeros.
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El magistrado pidió que se revisara la tutela porque recordó que la mayoría de las decisiones que ha tomado el alto tribunal con base en seguridad ha sido en procedimientos que están a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y, específicamente, a favor de líderes sociales o defensores de derechos humanos, pero nada se ha dicho sobre los exfuncionarios que cumplieron sus ciclos en las entidades estatales y siguen necesitando de ese servicio. “La Corte ha considerado que hay eventos en los que debe asumirse que las personas tienen una exposición alta a la amenaza, tal como lo son los altos funcionarios”, dice el documento del magistrado.
“Se trata entonces de un asunto que además de permitirle a la Corte continuar desarrollando la línea jurisprudencial en torno a la protección del derecho a la seguridad personal, resulta novedoso por cuanto advierte un escenario que no ha sido abordado por esta Corporación como lo es el riesgo que se deriva de haber fungido en un alto cargo del Estado, sobre todo cuando se trata del Fiscal General de la Nación cuyas funciones podrían derivar en un riesgo de seguridad para el exfuncionario y su familia”, explicó el magistrado en su insistencia.
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De acuerdo con Ibáñez, los documentos que están en poder de Montealegre y que fueron la base para presentar la tutela relatan que el exfuncionario se encuentra en riesgo inminente de inseguridad como también lo está su familia. La Corte, en este caso, según Ibáñez, no solo tiene la oportunidad de analizar el expediente puntual del exfiscal y proteger sus derechos, sino también de sentar un precedente sobre los esquemas de seguridad de quienes culminan su labor en entidades del Estado y que terminan haciendo uso de esquemas de seguridad.
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