28 Oct 2019 - 11:10 p. m.

¿Qué ha pasado con los niños que atravesaban un río lleno de caimanes para ir al colegio?

En mayo, la Corte Constitucional ordenó solucionar el caso de unos estudiantes de la vereda San José de Campo Lajas (Norte de Santander) que debían atravesar en balsas improvisadas un río infestado con caimanes para llegar a un colegio. Hoy tienen lanchas rápidas, pero no un puente.

Redacción Judicial

En mayo pasada la Corte concedió una tutela que presentó el personero de Sardinata pidió que se reconstruyera el Puente Hamacas (foto), pues sin él, los estudiantes atravesaban un río que es hábitat de caimanes en balsas improvisadas. / Archivo particular.
En mayo pasada la Corte concedió una tutela que presentó el personero de Sardinata pidió que se reconstruyera el Puente Hamacas (foto), pues sin él, los estudiantes atravesaban un río que es hábitat de caimanes en balsas improvisadas. / Archivo particular.

Un fallo de la Corte Constitucional ordenó en mayo de 2019 buscar una solución efectiva para los niños y niñas de la institución educativa de la vereda San José de Campo Lajas en Norte de Santander que debían atravesar un río con caimanes para ir a clase. Cinco meses después, ¿qué ha pasado? Los estudiantes siguen cruzando el rio Nuevo Presidente, pero ya no en balsas improvisadas, sino con lanchas a motor. La reconstrucción del Puente Hamacas, que tuvo que dejar de usarse por su mal estado, todavía está en planes.

El caso se remonta al 27 de marzo de 2018, cuando el personero de Sardinata presentó una acción de tutela ante la falta de acción de las autoridades municipales y departamentales, exigiendo la protección de los menores de edad, ante el deterioro del puente y el peligro del rio que, además, es caudaloso. La Corte le dio la razón, ordenó adecuar las instalaciones de la Institución Educativa San Luis Beltrán y protegió el derecho a la educación de los chicos.

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Sobre el puente, no obstante, el alto tribunal no dio un plazo inmediato para construirlo ya que no se habían hecho estudio y decidió seguir pendiente del cumplimiento de la decisión. En informe allegado por la Gobernación al despacho del magistrado Carlos Bernal, se indicó que desde que salió la decisión se instaló una Mesa de Diálogo en la que se acordó un plan de contingencia para asegurar que los menores no corran peligro en su recorrido hacia la escuela.

Allí, la Gobernación se comprometió a adquirir una canoa mientras se reconstruye el Puente Hamaca y la Alcaldía a suministra las herramientas para mejorar el camino de trocha. El plan fue aprobado por un juzgado local (el que primero estudió el caso) el 29 de julio, con la precisión de que la canoa debía manejarla un profesional y que los estudiantes debían usar chalecos salvavidas. La gobernación adjudicó el contrato para la construcción de dos canoas en agosto y la que le correspondió a la vereda San José de Campo Lajas ya se entregó.

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De otro lado, la Gobernación informó que cuenta con el certificado de Disponibilidad presupuestal para invertir $69.999.787 en la infraestructura de la sede educativa de la vereda que necesita varias mejoras, así como legalizar el predio en donde está construida por lo que el dueño decidió donarlo a la alcaldía. Además, se indicó a la Corte que ya se cuenta con dotación para la escuela debido a recursos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Sobre la reconstrucción del puente Hamaca, la Gobernación hizo una revisión de su estructura, se hicieron topográficos para este y otro más que necesita la comunidad y se destinó una inversión de $30 millones, según el reporte entregado a la Corte Constitucional. En el fallo, el alto tribunal había precisado que "por un lado, los menores que viven en el extremo noreste de la vereda deben cruzar, en balsas improvisadas, un río caudaloso en el que habitan caimanes. Por otro lado, los menores que se encuentran en el extremo noroeste deben cruzar una quebrada que, en época de lluvias, crece al punto que dificulta o imposibilita el paso de aquellos hacia el centro educativo".

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Y, sobre las condiciones de la institución, la Corte dijo: “carece de algunas condiciones mínimas y necesarias para prestar el servicio público de educación de manera adecuada. En particular, porque los muros, pisos, puertas, ventanas y baterías sanitarias se encuentran en mal estado, se requieren algunos muebles, no existen lavamanos, los baños no funcionan por falta de suministro de agua y la escuela no tiene energía eléctrica”.

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