La contralora Sandra Morelli pidió hace dos semanas la suspensión del gobernador elegido de Caldas, Mario Aristizábal, como parte de la investigación por posible detrimento al haber autorizado la reducción de casi $10 mil millones de las transferencias que la empresa Susuerte debía hacer a la salud.
La solicitud también apuntaba a Adolfo León Mejía, gerente de la Empresa Departamental para la Salud (EDSA) de Caldas, quien renunció antes de que lo removieran del cargo. Pero lo hizo no sin antes calificar la investigación de sesgada. En medio de sus críticas lanzó un dardo a la jefa de la Contraloría: ¿por qué no investiga a su asesor personal? Hablaba del exgobernador de Caldas, Emilio Echeverri, quien tiene contrato como asesor por casi $200 millones hasta diciembre.
Según Mejía, fue este exmandatario quien, cometiendo supuestas irregularidades, firmó en 2006 la concesión del chance a Susuerte, que hoy es objeto de investigación. Pese a ello, no está vinculado al proceso. Entre las supuestas irregularidades, Mejía mencionó que Echeverri también redujo las transferencias de la concesión 2001-2006 sin que lo investigaran. Además, firmó el contrato del 2006 basado en estudios irregulares, en los que aspiró a transferencias bastante altas que eran imposibles de cumplir.
Mejía agregó que fueron esas faltas las que provocaron que la administración del suspendido Aristizábal redujera la transferencia. Por tal razón, el exgerente de EDSA calificó la investigación de “selectiva”, concentrada en la actual administración, pero sin ahondar en los antecedentes de Echeverri por una razón: él es quien le habla al oído a la contralora.
Frente a esta acusación, Emilio Echeverri dijo que sólo lo quieren meter en problemas, pero que pierden el tiempo. “Siempre he dicho que en este caso es mejor defenderse de haber subido una contribución que de haberla bajado. En mi gobernación los estudios fueron serios y se firmó el contrato sin problema. Sobre la reducción a la concesión del 2001-2006: eso es falso”.
De ser cierto lo de la supuesta reducción de transferencias en la concesión de 2001-2006 que Mejía denuncia, sería un caso similar al que tiene en líos al suspendido gobernador Aristizábal, con un hecho particular: la empresa de chance aportó dineros para la campaña política de Echeverri a la Gobernación en el 2002. Ante esto, Echeverri respondió: “Si hubo plata en mi campaña, se reportó en su momento. Pero no veo que eso me pueda traer problemas”.
La investigación que generó esta tormenta política en Caldas empieza tras la denuncia por las posibles irregularidades en la reducción de las transferencias del chance a la salud. Este otrosí fue producto de la solicitud que hizo Susuerte en enero del 2008, a pocas semanas de que se posesionara Aristizábal como gobernador.
Tras una investigación del diario La Patria de Manizales, se encontró que el gobernador y los accionistas mayoritarios de la empresa de chance fueron socios en la empresa Máximo Exportadores hasta finales del 2006, meses antes de que Aristizábal anunciara su candidatura a la Gobernación. Además, que siendo gobernador, los chanceros le pagaron una deuda personal.
Ante la seguidilla de evidencias que demostrarían que detrás del otrosí podría existir un interés indebido, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría abrieron investigaciones que aún están en curso.