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24 Jul 2020 - 12:39 a. m.

“Queremos hacer historia tumbando la cadena perpetua en Colombia”: Francisco Bernate

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia aseguró que hay un equipo trabajando en una demanda en contra del acto legislativo que sancionó ayer el presidente Iván Duque. Lo propio hizo la Comisión Colombiana de Juristas. El argumento de fondo es uno: estos castigos suman votos, pero no protegen a los niños y niñas del país, como nos han dicho desde el Congreso.
Agremiaciones de abogados consideran que el acto administrativo no cumple su promesa de proteger a los niños y niñas del país y, por el contrario, vulnera el principio de dignidad humana que protege la Constitución.
Agremiaciones de abogados consideran que el acto administrativo no cumple su promesa de proteger a los niños y niñas del país y, por el contrario, vulnera el principio de dignidad humana que protege la Constitución.
Foto: Getty Images - Getty Images

En medio de un debate liderado por El Espectador sobre qué tan cierto es que los niños y niñas del país se verán protegidos y beneficiados con ley que busca reformar la Constitución Política estableciendo la cadena perpetua para agresores sexuales y asesinos de niños y niñas, el abogado Francisco Bernate, profesor de la Universidad del Rosario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia afirmó que la aprobación en el Congreso y la sanción presidencial de esta ley resultó muy oportuna en tiempos electorales.

“Es una medida que cualquier estudiante de derecho sabe que no es viable, pero que sí genera un inmeson caudal electoral. Ese es el propósito detrás de este tipo de propuestas (...) Vas a proteger al niño castigando, con la vida, a la persona que lo violó o lo mató, pero la idea es que no los violen y no los maten, entonces aquí no estamos hablando de ninguna protección a los menores”, señaló el jurista quien añadió que implementar la cadena perpetua es un gran retroceso, más, si se tiene en cuenta que está en juego la dignidad humana, “uno de los baluartes más importantes del patrimonio de la humanidad”.

Otra invitada al debate fue la abogada María Alejandra Ramírez, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien consieró que este acto legislativo representa un “populimo a viva voz, con el que se evidencia una transgresión a los derechos fundamentales y de la propia Constitución. Están jugando con la sociedad a través de un tema neurálgico como lo es la protección de los menores quienes no se ven beneficiados en ningún sentido. También se les olvida que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico y aplica para la víctima, pero también para el victimario”, dijo.

La jurista añadió que cree firmemente en que el alto tribunal va a declarar inexequible la cadena perpetua el país. No obstante, Bernate aseguró que no está tan convencido de esta decisión pues, aunque para él es evidente que el acto legislativo va en contravía de la Constitución Política, “me temo que puede haber una intención de esta Corte de congraciarse con la opinión pública y con un clamor popular”.

El jurista aseguró que, luego de hacer una convocatoria pública, se conformó un equipo de 70 personas que están trabajando en una demanda en contra del acto legislativo. “Vamos a ir en serio y si nos dicen que no, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero vamos a pegar duro y queremos a hacer historia tumbando la cadena perpetua en Colombia”, expresó.

En resumen, de los argumentos que entregaron los abogados sobre por qué la cadena perpetua no sirve para proteger a los niños y niñas del país, se sacan como conclusiones que la misma no tiene ningún efecto sobre las investigaciones judiciales de la Fiscalía; no estimula las denuncias, a pesar del subregistro que existe; castiga cuando el daño ya está hecho, no tiene ningún efecto preventivo; no promueve el trabajo interinstitucional que la problemática requiere; y no promueve la dignidad humana como un valor prioritario en la sociedad colombiana.

A continuación, puede ver el debate completo:

Cadena perpetua, la falacia del populismo punitivo del Congreso

El presidente Iván Duque sancionó la ley que aprobaron Cámara y Senado, en la cual se cambió la Constitución para habilitar que haya hasta sentencias de por vida en prisión para quienes abusen sexualmente o asesinen a menores de 18 años. Tanto él como los congresistas que avalaron esta iniciativa sostienen que era una medida necesaria para proteger a los niños y niñas del país, afirmación que está bastante lejos de la realidad. Expertos en la materia explican por qué.

Posted by El Espectador on Thursday, July 23, 2020

“La cadena perpetua genera una falsa sensación de jusiticia”

Mientras tanto, este jueves la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la representante a la Cámara Ángela María Robledo y los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda presentaron ante la Corte Constitucional anunciaron la presentación de una demanda ante la Corte Constitucional en contra del acto legislativo de la cadena perpetua que, a propósito, fue sancionada el pasado miércoles 22 de julio por el presidente Iván Duque. Ahora, será el alto tribunal el encargado de examinar esta reforma a la luz de la Constitución Política.

A través de un comunicado público, los demandantes argumentaron que la reforma constitucional no ataca el problema de la impunidad de los crímenes contra los niños, niñas y adolescentes que, según la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), está entre el 95 y 98%. “No protege la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como dijeron los promotores de esta iniciativa, porque no adopta medidas para su protección o atención ni aborda los problemas sustanciales de los fenómenos de violencia”, señalaron.

En ese sentido, consideran que el aumento de las penas genera una falsa sensación de justicia que permite la continuidad de la impunidad. “No da respuestas ni profundas, ni integrales a las necesidades de las víctimas y de la sociedad frente al crimen y su prevención. El problema que debe atender el Estado y las autoridades no es de bajas penas, sino de alta impunidad, en el caso de las violencias contra niños, niñas y adolescentes”.

Entonces, contrario a la cuestionada ley, afirman que el Congreso tiene competencias para establecer una política pública integral para proteger a esta población con alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena de los responsables cuando sus derechos resulten vulnerados. Pero, aseguran, la reforma constitucional planteada, no aporta nada para ello.

Por otro lado, la demanda indica que el Congreso incumplió el procedimiento para la expedición de la reforma porque no se hizo el trámite de las recusaciones presentadas en séptimo y octavo debate. “Si este realmente era un tema tan importante para los congresistas ¿por qué incumplió el procedimiento para su expedición? ¿Por qué no se actuó con diligencia y garantías democráticas para su población?”, cuestionan los accionantes.

Por todo lo anterior, estas personas piden al alto tribunal que se declare inexequible el acto legislativo por vulnerar en su trámite varios artículos de la Constitución y sustituir el principio de dignidad humana, el cual se considera un elemento esencial de un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia. No obstante, solicitan que, en caso de no declarar la inconstitucionalidad de esta ley, incorpore parámetros de interpretación constitucional para su implementación.

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