23 Jan 2020 - 3:00 p. m.

“Queremos tener un ingreso digno”, piden defensores públicos del país

Son piedra angular del sistema penal acusatorio, pues representan a las personas bajo investigación que no pueden costearse un abogado privado. Es decir, a la mayoría de procesados en Colombia. Sin embargo, sus condiciones laborales son cada vez más difíciles y, por eso, preparan protesta para el próximo martes.

Redacción Judicial

El sistema penal acusatorio en Colombia atraviesa varias dificultades. El panorama de los defensores públicos es otra arista de los obstáculos que se afrontan para administrar justicia eficientemente. / Sang Hyun Cho - Pixabay
El sistema penal acusatorio en Colombia atraviesa varias dificultades. El panorama de los defensores públicos es otra arista de los obstáculos que se afrontan para administrar justicia eficientemente. / Sang Hyun Cho - Pixabay

Desde hace unos días circula una convocatoria de parte de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo. Pide a los defensores públicos de Bogotá que se reúnan en los juzgados de Paloquemao el próximo martes 28 de enero a las 9 de la mañana y que ese día, en vez de presentarse en las audiencias, caminen hacia la sede de la Defensoría del Pueblo. Quieren ser oídos. El Espectador habló con Ólbar Andrade, uno de los defensores públicos que han asumido la vocería en razón de esta protesta. Ya el pasado martes 21 de enero hubo un plantón en Paloquemao: los defensores quieren que el país sepa de las dificultades que enfrentan día a día.

El pasado martes hubo un plantón de defensores públicos en los juzgados de Paloquemao. ¿Por qué?

Al día de hoy no se han cancelado los honorarios del mes de diciembre a los defensores. Nos pagan el mes vencido y habitualmente nos pagaban el 10, pero hoy es 23 y aún no se tiene el pago de la Defensoría.

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¿Había pasado antes?

Es la primera vez que sucede.

Alguien podría decirles que, en un país donde a los médicos les retienen el salario hasta tres meses con frecuencia, 13 días no es grave…

Claro, pero es que el tema principal tiene que ver con lo que devengamos los defensores públicos. Nuestros salarios no son altos y nuestros contratos son por prestación de servicios, de lo que recibimos nos toca pagar nuestras prestaciones sociales. De ahí, además, nos toca sacar para pagar las copias de los expedientes (que pueden ser miles de hojas), los desplazamientos, y encima la carga laboral se ha incrementado terriblemente… cuando se expidió la ley de la Defensoría del Pueblo que creó el sistema nacional de defensoría, lo que se pretendía era una carga que hoy es el doble.

¿Cómo debería ajustarse su salario?

Nosotros deberíamos ganar lo que los jueces, los fiscales. A nosotros nos responden que no tenemos exclusividad, que podemos llevar procesos particulares, pero cuando un funcionario tiene 100 procesos a su cargo, no puede llevar procesos. También hemos dicho que no queremos exclusividad, que nos nombren en las mismas condiciones que a los fiscales. En la mayoría de lugares del mundo los defensores son nombrados (de carrera). Esa es nuestra lucha real.

Queremos tener un ingreso digno, equiparable con los demás actores del sistema judicial. Los fiscales del circuito, creo, tienen ingresos de $9’000.000, lo mismo del juez, el procurador creo que es un poco más, y además está el factor prestacional. Nosotros estamos lejísimos de tener una remuneración acorde a nuestro trabajo diario. Eso también se ve reflejado en la prestación del servicio. Hacemos nuestro mayor esfuerzo, pero en esas condiciones debemos ser realistas: es difícil.

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¿Cien casos? ¿Esa es la carga laboral que manejan?

En promedio, sí.

¿Qué proporción de casos atienden los defensores públicos en el país?

El 80 % de las defensas en Colombia están siendo asumidas por defensores públicos. La dieron fiscales de Antioquia apoyando a los defensores públicos. Si me preguntas mi opinión, puede ser más. Cuando un defensor de confianza dice que no hace la audiencia, el juez llama a un defensor público en procesos de connotación nacional, casos en los que por razones económicas no debería llamarse a un defensor público, pero se hace para no dilatar la administración de justicia.

¿Para qué procesos los llaman más?

Un alto porcentaje son defensa en procesos de abuso sexual con menores como víctimas.

Anualmente se presentan unas 23.000 denuncias en el país por delitos sexuales. Cuando se judicializan, se hacen en alto porcentaje con defensores públicos. La Fiscalía está adelantando una maratón de imputaciones: la Fiscalía designa cinco fiscales, seleccionan a cinco jueces de garantías y piden cinco defensores. En un solo día hacen 90 imputaciones. No se hacen todos los días, pero sí cada tanto. Empezaron el segundo semestre del año pasado, es legítimo que lo hagan porque es el delito que más impacta a la población, pero todos esos procesos están también aumentando nuestra carga laboral.

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¿Por qué la aumenta?

Cuando son delitos normales hay posibilidad de negociación entre la Fiscalía y la defensa, que es el fin del sistema penal acusatorio. La idea era que solo el 10 % de los procesos llegaran a juicio. Pero con los delitos sexuales, a partir de las reformas que se han hecho, se quitaron todos los beneficios y negociaciones que se pueden lograr. Es decir: se tienen que practicar pruebas, buscar testimonios, y después del fallo, va a haber apelación. Es una gran cantidad de trabajo para el defensor.

Aparte de los procesos por delitos sexuales, ¿qué otro tema los requiere habitualmente?

En mi experiencia, los delitos de mayor incidencia en Paloquemao son delitos sexuales y narcotráfico por cantidades ligeramente mayor a la dosis personal. La Policía sigue capturando a muchísimos indigentes o recicladores por tener un poco más que la dosis personal. Existe una ruptura entre lo que dicen la Corte Constitucional y la Corte Suprema y lo que hace Policía. La Corte Suprema ha señalado que cuando esas cantidades sean pequeñas y la persona no esté comercializando o distribuyendo, no hay tipicidad (delito). Lo reiteró en noviembre de 2019, es una línea jurisprudencial clara. Pero los agentes de Policía no la tienen clara y si ven a una persona con más de un gramo de cocaína o 20 gramos de marihuana, se la llevan a una URI. ¿A quién se están llevando? A quienes sufren una enfermedad. La Ley 1566 de 2012, que habla de rehabilitación, no se está cumpliendo.

¿Alcanzan los defensores del país para los procesos en curso?

Faltan defensores en el sistema penal acusatorio, sobre todo, los que ejerzan defensa. Son muy escasos para la cantidad de trabajo que hay.

¿Cuántos defensores públicos hay?

Solo tengo la cifra de Bogotá. El año pasado se hizo un concurso con la Universidad Nacional, se llenaron 105 plazas para jueces del circuito (Paloquemao). Parece que la Defensoría ha ido contratando unos pocos más.

¿Han hablado de estos asuntos con el defensor del Pueblo?

No, no tenemos esa interlocución con el defensor. Y, la verdad, creo que debería ser un organismo aparte. La defensoría pública pone a un defensor para representar al acusado y a otro para representar a la víctima, es una dualidad en funciones muy extraña. Debería existir una entidad llamada defensoría pública en Colombia, autónoma, como ocurre en la mayoría de países. Esa es la propuesta que hemos hecho. El defensor del Pueblo es una persona muy importante, pero tiene tantas cosas en su agenda que sentimos que los defensores públicos no tenemos prioridad.

¿Ante quién han hecho la propuesta?

Yo hago parte de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Una de las propuestas de esa agremiación es la creación de la defensoría pública como una entidad autónoma. No la hemos llevado aún a alguna entidad del Estado, pero sé que tienen la intención de acudir al Congreso de la República.

Si al menos no nos nombran como debería ser, con cargo y prestaciones, pedimos que al menos nos hagan un incremento. En los últimos 5 años el incremento total ha sido de $120.000 para defensores que actúan en juzgados municipales, ni con el IPC nos ajustan.  La mayoría somos abogados especializados, algunos con maestría. La remuneración debería ser acorde con esas realidades y con el servicio que se presta. En los defensores públicos se soporta el sistema acusatorio

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