A pesar de haber firmado desde el año 2000 el tratado de Ottawa que corresponde a la convención sobre la prohibición de minas antipersona, y que esta ordenaba en una de sus disposiciones: “Tomar todas las medidas legislativas apropiadas para prevenir y reprimir toda actividad prohibida”. Solo esta semana Colombia emitió la primera condena por uso de minas antipersona.
La condena fue dictada contra Óscar Mauricio Pinto, alias el “Silencioso” guerrillero del frente 21 de las Farc. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué lo condenó a 92 meses de prisión y una multa de 1.534 salarios mínimos ($981 millones aproximadamente) por los delitos de rebelión, en concurso heterogéneo con terrorismo y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Siendo este último el delito que se refiere al uso de las minas, consagrado en los delitos contra personas o bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
El hombre que lleva 14 años en el frente 21 de las Farc ha delinquido principalmente en el departamento de Tolima, donde se le atribuye haber instalado campos minados en el sector de Playa Rica en el municipio de San Antonio. También de haber participado en 2012 en la quema de una camioneta que estaba dispuesta para el mejoramiento de la vía entre Roncesvalles y Rovira en cercanías de Playa Rica. Además de encargarse del cobro de extorsiones y vacunas y del transporte de municiones. Varios testigos identificaron al hombre como el responsable de la siembra de minas.
Hasta marzo de 2015 se cuentan en el país 11.072 víctimas por minas antipersona, de estos 8.857 han resultado heridos y 2.215 han fallecido. El comunicado publicado por la Fiscalía sobre esta condena refería que: “convirtiéndose esta condena en la primera impuesta en el territorio colombiano por este delito que salvaguarda las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, lo cual abre la brecha para que respondan por este aberrante tipo penal, afectado de esta manera el sistema de mando y control del comando conjunto central de las Farc y su andamiaje, para de esta manera dar un parte de tranquilidad a la población del Tolima (…)”
El hombre que consiguió un preacuerdo con la Fiscalía, logró una rebaja considerable de la pena que puede ascender hasta los 180 meses de prisión. La medida privativa de la libertad se le impuso en la cárcel de Picaleña.
Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño y Norte de Santander son los departamentos con mayores índices de víctimas de minas antipersona en el país. En Tolima, el departamento donde Pinto participó activamente en la fabricación y siembra de minas, existe un registro de 523 víctimas. De estos casos, 10 sucedieron en el municipio de San Antonio.