![¿Quiénes han recibido contratos directos de la Fiscalía?](https://www.elespectador.com/resizer/v2/TAU4Z55J7BBGXNR2VK3KMYNNKI.jpg?auth=51d19f36bb719a93449e14c7c3f58db16ddf37051274698a73dade256bee88cc&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Tras las revelaciones de El Espectador sobre 28 contratos a dedo otorgados por la administración del fiscal Eduardo Montealegre (ver tabla de contratistas), que suman más de $10.600 millones, columnistas, analistas y editorialistas del país comenzaron a ocuparse del tema. Este diario revisó uno a uno estos contratos, y perfila para sus lectores quién es quién entre los asesores del organismo investigativo.
El fiscal Montealegre, en entrevista con el diario El Tiempo , justificó cada una de esas contrataciones, sostuvo que no hay nada oscuro en ellas y aseguró que nadie puede controvertir las calidades de las personas contratadas. “No puede ser más que un honor y un privilegio contar con la asesoría de grandes juristas y exmagistrados. Más que un reparo, el paso de varios de ellos por las altas cortes es sobre todo una credencial de probidad y conocimiento”.
Montealegre sugirió que todas las críticas a lo que algunos han denominado una excesiva contratitis del fiscal, no es más que el interés de ciertos sectores por desacreditarlo. “Estamos preparados para defender el nuevo modelo ante la furia desatada de los delincuentes”, respondió en tono vehemente a El Tiempo.
Sin embargo, varios exfiscales a los que Montealegre criticó, sin rodeos rechazaron estos contratos y las declaraciones del fiscal. El exfiscal Alfonso Gómez Méndez señaló en La FM, para no ir más lejos, que Montealegre sufre de una especie de síndrome de (Nicolás) Maduro, pues, en vez de salir a explicar estos millonarios contratos cuestionados, a lo que se ha dedicado es a despotricar contra quienes le han puesto la lupa.
En respuesta al señalamiento que hizo Montealegre sobre la Fiscalía de Viviane Morales y la sombra de su esposo, Carlos Alonso Lucio, este último le enrostró a Montealegre: “La visceralidad espesa y la pequeñez humana que subyacen a sus palabras no dan para deducir otra cosa que su inspiración en interés y angustias estrictamente personales que lo aquejan”. (Lea: Carlos Alonso Lucio calificó de "cobardes" señalamientos del Fiscal General contra Viviane Morales)
El Espectador buscó contratos firmados bajo la modalidad de contratación directa, con montos superiores a los $100 millones, y confeccionó la siguiente lista:
Luis Gustavo Moreno Rivera
Contratos: Uno.
Fechas: Julio de 2015 y 168 días de duración.
Para qué: Para acompañar recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Valor total: $139’200.000
Quién es: Abogado de la Universidad Libre. Defensor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, investigado por parapolítica. En octubre de 2014 publicó el libro “Los Falsos Testigos”. Ha sido docente universitario y tiene tres maestrías, dos en derecho penal y una en derecho procesal.
Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S.
Contratos: tres.
Fechas: 2013, 2014, 2015, de 8, 2 y 4 meses de duración, respectivamente.
Para qué: El primero, para asesorar al fiscal general para procesar datos en los siguientes crímenes en el marco del conflicto: ataques contra el pueblo awá, secuestro, reclutamiento forzado y violencia sexual. El segundo, para elaborar documentos para divulgar las investigaciones del primer contrato. El tercero, para procesar datos de crímenes del ELN y bandas criminales.
Valor total: $4.276’400.000
Quién es: Natalia Springer, representante legal de la firma, es politóloga y psicóloga, y en su hoja de vida ella acredita estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Fue comentarista de la FM hasta el pasado 30 de julio. Tras su renuncia, de inmediato se supo que había firmado un contrato con la Fiscalía por $3.085 millones y otro con la Alcaldía de Valledupar por $1.400 para establecer la Escuela Vallenata de Paz. Sobre el primer contrato con la Fiscalía, divulgado por este diario en septiembre del año pasado, ella le dijo a este diario hace un par de meses que tenía todo el interés que se conociera lo que su firma había hecho y, al tiempo, en entrevista con nosotros también, dijo que era un asunto de seguridad nacional. El fiscal Eduardo Montealegre le aseguró a El Espectador que el trabajo de la firma va a revolucionar la investigación de crímenes en Colombia y que se conocerá en los juicios contra los líderes de las Farc.
Nathalia Bautista Pizarro
Contratos: Uno.
Fechas: Julio de 2015 por seis meses.
Para qué: Para asesorar la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales.
Valor total: $174’000.000
Quién es: Es abogada del Externado y estudió una maestría en derecho comparado en la Universidad de Bonn (Alemania), en donde obtuvo la distinción de summa cum laude. Es coautora de al menos dos libros de derecho junto con el fiscal general. Su vida laboral ha sido principalmente la academia.
Aida Patricia Hernández Silva y Abogados S.A.S.
Contratos: Uno.
Fechas: Junio de 2015 por seis meses.
Para qué: Para dar asesoría jurídica especializada en áreas del derecho constitucional y derecho administrativo, especialmente en contratación estatal.
Valor total: $136.358.510
Quién es: Hernández Silva, quien dirige esta firma, es abogada de la Universidad Externado. Fue directora de Extranjería del DAS en 1994. Fue secretaria de la Presidencia del Consejo de Estado en 1997 y, luego, magistrada auxiliar de la Sección Tercera por más de 12 años. Ahora es conjuez de ese alto tribunal.
Beltran & Castellanos Asociados Ltda.
Contratos: Dos.
Fechas: 2015 y 2014 de 8 meses y 11 meses de duración, respectivamente.
Para qué: El de este año se firmó para elaboración de conceptos y suministro de insumos jurisprudenciales y dogmáticos para la Dirección Nacional De Estrategias en Asuntos Constitucionales. El de 2014, para apoyar a la Fiscalía en temas de derecho constitucional y en defensa de facultades extraordinarias que recibió el presidente Santos para reformar la Fiscalía.
Valor total: $551’000.000
Quién es: Es la firma de Alfredo Beltrán Sierra, exmagistrado de la Corte Constitucional entre 1998 y 2006; coincidió con el fiscal Montealegre en esa corporación entre 2001 y 2004. Abogado de la Universidad Libre, fue asesor del Ministerio de Obras Públicas, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fue abogado de Piedad Córdoba en el caso de Farcpolítica y del exmagistrado de la Corte Suprema, Cesar Valencia Copete, en la denuncia que éste presentó contra el expresidente Álvaro Uribe por injuria.
Manuel Jose Cepeda Espinosa
Contratos: dos,
Fechas: 2015 y 2014, de 8 y 11 meses de duración respectivamente.
Para qué: El de este año se firmó para elaborar conceptos y suministrar insumos jurisprudenciales y dogmáticos para la Dirección Nacional de Estrategias en Asuntos Constitucionales. El del año pasado, para apoyar a la Fiscalía en temas de derecho constitucional y en defensa de facultades extraordinarias que recibió el presidente Santos para reformar la Fiscalía.
Valor total: $551.000.000
Quién es: Abogado de la Universidad de Los Andes, Cepeda fue magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009, coincidiendo con el fiscal Montealegre entre 2001 y 2004 en esa corporación y en la Comisión de Expertos que conformó el Gobierno Santos para estudiar la reforma al fuero militar. Es, sin duda, uno de los abogados más influyentes del país y, desde que salió de la Corte, se ha erigido como un gran contratista del Estado. En 2015, según el Portal de Transparencia Económica, cuatro entidades del Estado le asignaron cuatro contratos por $1.103 millones en total. En 2014, fueron seis contratos por $1.342 millones. En 2013, fueron seis contratos por $1.711 millones. En 2012, fueron cuatro por $$1.523 millones. Entre 2012 y 2015, recibió $5.679 millones en contratos con entidades como la Fiscalía, la Presidencia y el Ministerio de Defensa. Fue llamado a indagatoria por el Congreso, a raíz del fallo de la Corte Constitucional que tumbó las megapensiones.
Miguel Samper Strouss
Contratos: Uno
Fechas: 2015 por 9 meses de duración.
Para qué: Para apoyar y asesorar al despacho del fiscal general en el diseño y aplicación de normas, políticas y proyectos de carácter transicional.
Valor total: $261’000.000
Quién es: Abogado de la Universidad Javeriana, con maestrías de la Universidad de Nueva York y la Universidad Nacional de Singapur, fue nombrado viceministro de Justicia con 27 años, en el área de Justicia Transicional, y en ese cargo estuvo entre 2010 y 2015. Es hijo del expresidente Ernesto Samper.
Carlos Eduardo Medellín Becerra
Contratos: Uno.
Fechas: de 2015 por 11 meses de duración.
Para qué: Para asesorar al despacho del fiscal general para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, así como el seguimiento de la aplicación del Código de Extinción de Dominio y la planeación y generación de políticas relacionadas con justicia transicional y posconflicto.
Valor total: $240’245.280
Quién es: Abogado del Externado y especialista en derecho administrativo de la Universidad de la Sorbona (París). Fue director de Inravisión durante la presidencia Barco. Como ministro de Justicia en el periodo Samper trabajó con el Congreso en la expedición de la Ley de Extinción de Dominio, así como en la reactivación de la extradición. Fue embajador en el Reino Unido del presidente Álvaro Uribe de 2006 a 2008, pero renunció al enterarse de que un hermano de José Obdulio Gaviria, entonces asesor de Uribe, había compartido cuentas bancarias con Luis Carlos Molina, el hombre que les pagó a los sicarios de Guillermo Cano, suegro de Medellín.
Alejandro David Aponte Cardona
Contratos: Tres.
Fechas: 2015, 2014 y 2012, por 11, 8 y 9 meses, respectivamente.
Para qué: Su trabajo es dar asesoría técnica especializada al despacho del fiscal general en justicia transicional y justicia penal internacional; y para consolidar propuestas que le sirvan al fiscal y al vicefiscal en el debate del Marco Jurídico para la Paz.
Valor total: $700’888.704
Quién es: Abogado del Externado y doctor en derecho penal, la revista especializada Ámbito Jurídico lo señala como autor de “lectura obligada”. Fue director de área de justicia del Observatorio Internacional de la Ley de Justicia y Paz, con apoyo del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Es perito del Estado ante el sistema interamericano.
Fundación Internacional Baltasar Garzón
Contratos: Tres.
Fechas: 2014, 2013 y 2012 por 11, 10 y meses y 68 días, respectivamente.
Para qué: Los de 2012 y 2013 fueron para asesorar y dar apoyo técnico especializado al fiscal general para la investigación penal de la macrocriminalidad en contextos de la justicia transicional en Colombia. El del año pasado fue para asesorar al fiscal en la creación e implementación de acciones y herramientas para fortalecer la acción investigativa de la policía judicial frente a delitos transnacionales.
Valor total: $1.380.405.452
Quién es: En el último par de años Garzón se ha convertido en un reputado asesor en Colombia, pero en España, en 2012, fue expulsado de la carrera judicial por haber ordenado la interceptación ilegal de las comunicaciones entre abogados y sus defendidos en el caso Gürtel, un proceso de corrupción que lideraba el entonces juez de la Audiencia Nacional de España y que sacó de la política a más de 20 dirigentes del Partido Popular. Garzón también es conocido por haber pedido en extradición al exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998, recurriendo al concepto de justicia universal.
Pedro Eugenio Medellín Torres
Contratos: Dos.
Fechas: 2013 y 2014, respectivamente.
Para qué: El primero fue para asesorar al despacho del fiscal general sobre la internacionalización de la Fiscalía y su función en el marco de justicia transicional, así como en comunicación estratégica sobre los acuerdos que marquen el final del conflicto entre Gobierno y Farc. El de 2014, para asesorar al mismo despacho en aras de facilitar el seguimiento y la comprensión de la comunidad nacional e internacional en torno a los acuerdos de paz.
Valor total: $241.164.000
Quién es: Es excolumnista de El Tiempo y consejero editorial de Semana. Es Doctor en Ciencias Políticas y ha sido profesor titular de la Universidad Nacional y del Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Luis Eduardo Hoyos Jaramillo
Contratos: Dos.
Fechas: 2013 y 2014.
Para qué: Para asesorar al fiscal general en justicia transicional, posconflicto y reconciliación, así como por realizar un trabajo conceptual, normativo y filosófico sobre la necesaria articulación entre el aspecto jurídico y el aspecto político en las negociaciones de paz con las Farc,
Valor total: $385.955.200
Quién es: Estudió filosofía en la Universidad Nacional e hizo un doctorado en la misma área. Es profesor de la Universidad Nacional y, según su hoja de vida, sus líneas de investigación son Epistemología, Etica y Filosofía Práctica y Racionalidad Práctica. Ha escrito al menos 10 libros.
Andreas Forer
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por 118 días.
Para qué: Para la prestación de servicios para la investigación de máximos responsables “en la comisión de crímenes de sistema”.
Valor total: $113.100.000
Quién es: Abogado de la Universidad de Hannover (Alemania). Con maestrías en Derecho Europeo e Internacional y Derecho Comparativo. Fue director del proyecto ProFis de la GIZ, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, hasta el pasado 30 de junio. Columnista de El Espectador.
Rafael Enrique Ostau de Lafont
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por 170 días.
Para qué: Para apoyo y asesoría jurídica especializada a la Fiscalía, sobre todo, en Derecho administrativo.
Valor total: $121.929.038
Quién es: Abogado de la Universidad Externado. Es exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado y exconjuez de Corte Constitucional. Su sobrino, Rafael José Lafont Rodríguez, es el director Jurídico de la Fiscalía. Una cuñada suya trabaja en la Procuraduría
Néstor Iván Osuna.
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por 175 días.
Para qué: Para apoyo y acompañamiento en temas constitucionales.
Valor total: $174.000.000
Quién es: Abogado de la Universidad Externado con estudios de Doctorado en la Universidad de Salamanca. Es cercano al fiscal Eduardo Montealegre. Es candidato a Registrador General. Exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exconjuez de la Corte Constitucional. Renunció a su cargo en la Judicatura tras la eliminación de ese tribunal por la reforma al Equilibrio de Poderes.
Susana Buitrago
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por cinco meses.
Para qué: Para apoyo y acompañamiento a procesos y decisiones administrativas que profiera el ente investigador.
Valor total: 174’000.000
Quién es: Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Exmagistrada del Consejo de Estado. Fue la ponente del fallo que le permitió al fiscal Eduardo Montealegre quedarse en el ente investigador hasta 2016. Es cercana, igualmente, al procurador Alejandro Ordóñez.
Vargas Rincón y Asociados S.A.S.
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por 218 días.
Para qué: Para apoyo al fiscal general y a la Subdirección de Carrera Administrativa.
Valor total: $517.266.666
Quién es: Es una firma liderada por el expresidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, quien, como magistrado, votó a favor de la anulación de la elección de la exfiscal Viviane Morales y a favor de la permanencia de Montealegre como jefe del ente investigador. Fue durante varios años magistrado auxiliar del procurador Alejandro Ordóñez, cuando éste se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado.
Enrique Gil Botero
Contratos: Uno.
Fechas: 2015 y una duración de 302 días.
Para qué: Para apoyo en la formulación de políticas en asuntos de responsabilidad extracontractual y prevención del daño antijurídico.
Valor total: $751.100.000
Quién es: Abogado de la Universidad de Antioquia. Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado. Votó a favor de la anulación de la elección de la exfiscal Viviane Morales y a favor de la permanencia de Montealegre como jefe del ente investigador.
José Hernán Muriel Ciceri
Contratos: Uno.
Fechas: 2015 por una duración de 11 meses.
Para qué: Para asesorar al fiscal general en la elaboración de un instructivo sobre contratación estatal dirigido a los funcionarios del ente investigador.
Valor total: 101’713.040
Quién es: Abogado de la Universidad Santo Tomas. Doctor en Derecho de la Universidad de Konstanz (Alemania). Exjefe de personal del Ministerio de Salud y asesor de entidades tanto estatales como privadas, sobre todo, en Derecho Mercantil.
Pedro Alfonso Hernández Abogados Consultores S.A.S.
Contratos: Uno.
Fechas: 2015 por una duración de 339 días.
Para qué: Para apoyo jurídico integral en las funciones propias del despacho del fiscal general.
Valor total: 250’560.000
Quién es: Esta firma es dirigida por el abogado Pedro Hernández de la Universidad Nacional con estudios de Doctorado en la Universidad Externado. Es exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.
Corporación Vivamos Humanos
Contratos: Uno.
Fechas: 2014 y una duración de 341 días.
Para qué: Para asesorar al fiscal en la formulación de una política pública en materia de justicia transicional.
Valor total: 143’687.500
Quién es: Esta ONG, creada por el expresidente Ernesto Samper, se dedica a promover medidas para la paz. Su delegada Catalina del Pilar Sánchez Daniels es familiar de la exsenadora Martha Catalina Daniels, asesinada en marzo de 2002.
Mikel Iñaki Ibarra Fernández
Contratos: Uno
Fechas: 2014 y una duración de 11 meses.
Para qué: Para acompañar al fiscal general en el proyecto de modernización de la Fiscalía.
Valor total: 229’680.000
Quién es: Ingeniero de la Universidad de Los Andes con Doctorado en Administración de Empresas. Consultor y docente con 10 años de experiencia en Planeación Estratégica, Prospectiva y Gerencia de Proyectos.
Germán Villegas Asociados S.A.S.
Contratos: Uno.
Fechas: 2013 por 42 días.
Para qué: Para acompañar al fiscal en el proceso de creación de una institución de educación superior.
Valor total: 117’224.000
Quién es: Esta firma es liderada por Germán Villegas quien es abogado de la Universidad del Rosario con especializaciones en Docencia Universitaria, en Derecho Ambiental y en Derecho Urbano. En el Rosario se ha desempeñado como Director del Departamento Jurídico, Director del Instituto Anticorrupción, Director de Egresados, Secretario General (E) y Profesor Universitario.