2 Aug 2013 - 10:41 a. m.

Rafael Nieto sale del caso del Palacio de Justicia

Gobierno decidió Retirarlo del proceso y ahora reconfigura su estrategia de defensa.

Juan David Laverde Palma

Rafael Nieto sale del caso del Palacio de Justicia

Ya es oficial. El abogado Rafael Nieto Loaiza no representará más a Colombia dentro del proceso que sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado por el holocausto del Palacio de Justicia. En su reemplazo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica designó al reconocido litigante Julio Andrés Sampedro. El súbito cambio se debió a la inconformidad del gobierno con la defensa presentada por Nieto ante el tribunal internacional, en la cual, entre otras cosas, se negó que había desaparecidos. Tal como lo había anticipado El Espectador hace casi dos semanas, esa tesis de Nieto era insostenible.

De hecho, una comisión de expertos está dándole las últimas puntadas a un documento para reconfigurar la estrategia de defensa de Colombia ante la CIDH por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Y todo parece indicar que existe consenso en la necesidad de que el Estado reconozca la responsabilidad en la desaparición de por lo menos dos personas, Irma Franco y Carlos Rodríguez. Es decir, la misma conclusión a la que llegó el Tribunal Superior de Bogotá al confirmar la condena en segunda instancia del coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Su caso, no obstante, está siendo revisado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, a contrarreloj, el Estado trabaja para recomponer su estrategia de defensa. Fuentes consultadas en el alto gobierno le confirmaron a este diario que encontraron muchos vacíos en el extenso alegato de 349 páginas que envió Nieto a la CIDH en donde se aseguró que no hubo desaparecidos, ni torturas ni ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado durante la retoma del Palacio. De allí que se decidiera el cambio de abogado y la designación del jurista Julio Andrés Sampedro, quien además de ser conjuez de la Corte Suprema de Justicia oficia como director del departamento de Derecho Procesal de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.

La muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán también hace parte de la demanda que examina el tribunal internacional. Por este caso tres generales fueron llamados a indagatoria en agosto de 2010: Carlos Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales. Sin embargo, nada volvió a saberse de los avances de la justicia en estas pesquisas. De cualquier manera, lo que sí tenía muy incómoda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica es que el alegato de Rafael Nieto –contratado el 21 de septiembre de 2012 por $406 millones–, más que una defensa del Estado colombiano, parecía una defensa de los militares procesados y condenados por este caso: el coronel Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales.

De allí que se solicitara con urgencia un diagnóstico de una comisión de expertos para enderezar la estrategia de defensa. Dicho grupo está integrado por el propio abogado Julio Sampedro, el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, el exviceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Juana Acosta, excoordinadora del grupo de litigio internacional en derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el también exmagistrado de la Corte Constitucional Alexei Julio y la abogada Adelaida Nieto. El Espectador logró establecer que aunque no está finalizado el documento que le será entregado al gobierno Santos sobre lo que debe o no reconocer Colombia ante la CIDH, la comisión es partidaria de aceptar la responsabilidad del Estado en varios hechos, en consonancia con múltiples sentencias proferidas por la justicia colombiana en los últimos 28 años.

Sin duda se trata de un borrón y cuenta nueva con relación a la defensa de Nieto Loaiza. Este diario también supo que lo que señale el diagnóstico de la comisión de expertos será la hoja de ruta que el abogado Sampedro presentará ante la CIDH el próximo 7 de octubre cuando sesione el alto tribunal en Ciudad de México. Las sesiones se extenderán hasta el 11 de octubre. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica, Adriana Guillén, ha explicado que el objetivo es evitar una condena excesiva al Estado por cuenta del expediente del holocausto del Palacio de Justicia. La comisión de expertos quedó comprometida a socializar sus conclusiones con la cúpula militar en reunión que deberá llevarse a cabo este mes de agosto. “Aún nos falta terminar el estudio que estamos haciendo. Pero es evidente que no se puede tapar el sol con un dedo”, le dijo a El Espectador un miembro de esta comisión de ‘sabios’.

Por lo pronto los familiares de 11 desaparecidos, quienes interpusieron la demanda ante la CIDH, insisten en la responsabilidad del Estado en estos hechos y reclaman una condena internacional contra el Estado colombiano. Los señalados desaparecidos son Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola e Irma Franco. Siete eran trabajadores de la cafetería; tres, visitantes ocasionales, y Franco, guerrillera del M-19.


@jdlaverde9

jlaverde@elespectador.com

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