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                                                                                                                              Ratifican pena de ocho años a exalcalde de Buga por irregularidad en contratos

                                                                                                                              La decisión es de la Corte Suprema de Justicia y se registra en contra de Freddy Hernando Libreros, quien fungió como alcalde del municipio durante 2008. Inicialmente, el exmandatario, en primera instancia fue absuelto, en segunda instancia el Tribunal Superior de Buga le condenó a ocho años y ocho meses de prisión. Al exlíder municipal se le acusa de favorecer a un exconcejal en 15 contratos por cuenta de una alianza política.

                                                                                                                              Ratifican pena de ocho años a exalcalde de Buga por irregularidad en contratos
                                                                                                                              Foto: AFP - ROMEO GACAD

                                                                                                                              A Freddy Hernando Libreros, quien fungió como alcalde de Buga, Valle del Cauca, la Corte Suprema de Justicia le ratificó su condena a ocho años y ocho meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, precisamente, por concretar quince convenios con las fundaciones Vivir para Vivir (Funvipavi) y Semillas del Futuro, durante los años 2008 y 2009. El objeto de los acuerdos firmados entre la administración municipal y las organizaciones era adelantar electrificaciones rurales, pavimentar, hacer obras civiles, así como reparaciones locativas y construir redes eléctricas en zona urbana y rural de esa zona del país.

                                                                                                                              Gracias por ser nuestro usuario. Apreciado lector, te invitamos a suscribirte a uno de nuestros planes para continuar disfrutando de este contenido exclusivo.El Espectador, el valor de la información.

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                                                                                                                              Foto: AFP - ROMEO GACAD

                                                                                                                              A Freddy Hernando Libreros, quien fungió como alcalde de Buga, Valle del Cauca, la Corte Suprema de Justicia le ratificó su condena a ocho años y ocho meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, precisamente, por concretar quince convenios con las fundaciones Vivir para Vivir (Funvipavi) y Semillas del Futuro, durante los años 2008 y 2009. El objeto de los acuerdos firmados entre la administración municipal y las organizaciones era adelantar electrificaciones rurales, pavimentar, hacer obras civiles, así como reparaciones locativas y construir redes eléctricas en zona urbana y rural de esa zona del país.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              El interés del exmandatario para que los convenios le fueran adjudicados a las dos organizaciones obedece, según la investigación, a que Darío Cifuentes quien pertenecía a su mismo partido, le suministró apoyo durante la candidatura a edil y este a su vez lo llevó al cargo de elección popular que llegó a ostentar. Por estos hechos, la Fiscalía llevó ante los estrados judiciales a Libreros. Inicialmente, el fiscal del caso le endilgó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos.

                                                                                                                              Lea aquí: Gobierno no activó circular roja contra Rodrigo Granda: Emilio Archila

                                                                                                                              Los cargos que no fueron aceptados por el exmandatario se le endilgaron durante el 18 de febrero de 2014 posterior a que se registrara su detención. Durante las diligencias, un juez de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzaba su proceso de juicio. Y meses más tarde al culminar dicha etapa un juez de conocimiento le dio un espaldarazo a Libreros y le dictaminó la absolución. Es decir, lo liberó de toda culpa.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              Entre otras cosas agregó que “el solo hecho que el alcalde y el concejal de Buga pertenecieran al mismo partido político y a la organización Cámara Junior, no demuestra que el administrador municipal se hubiera interesado en contratar a las fundaciones”.

                                                                                                                              Le puede interesar: Corte Suprema amenaza con quedarse con pocas mujeres magistradas en la Sala Plena

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                                                                                                                              No ad for you

                                                                                                                              El delegado de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con tales argumentos y apeló la decisión. Así, el caso llegó Tribunal Superior de Buga quien cambió parcialmente la decisión del primer juez. Decidió declarar a Libreros inocente por los de delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero lo declaró responsable de interés indebido en la celebración de contratos.

                                                                                                                              El tribunal explicó que existen pruebas que dan cuenta que entre Libreros y Darío Cifuentes existió un pacto en la campaña política para el periodo electoral entre 2008–2011, que se consolidó al salir electos, el primero alcalde y el segundo concejal, ambos avalados por el mismo partido. Encontró que cuando el cabildante adhirió Libreros en su aspiración, el compromiso consistió en la adjudicación de contratos una vez fuera elegido como burgomaestre.

                                                                                                                              No ad for you

                                                                                                                              Lea también: Treinta días de huelga por una Guajira sin hambre

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                                                                                                                              No ad for you

                                                                                                                              El tribunal, entre otras cosas encontró que Libreros durante su primer año como mandatario entregó seis contratos a Funvipavi, todos con finalidades distintas a lo que relacionaba su razón social que es el sector salud. Es decir, pese a que la administración había contratado para adelantar obras civiles y electrificación rural de la zona, la entidad no contaba con experiencia en esa materia. Dijo el Tribunal que su afán era retribuir a quien lo había secundado para ganar las elecciones como alcalde.

                                                                                                                              En vista de que la organización no suplía las necesidades de lo que se estaba contratando, dice la investigación, el concejal convenció Liliana Zúñiga, quien fungía como gerente de Semillas del Futuro para que ampliara su objeto social con el fin de obtener los contratos de obra pública. Con los documentos notificados ante la Cámara de Comercio se procedió a celebrar el restante de los contratos.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              El burgomaestre asesorado por su abogado solicitó la nulidad de su proceso. El caso llegó al despacho del magistrado de la Corte Suprema, Fabio Ospitia y en su providencia de más de 60 páginas dijo que la Fiscalía probó que los contratos celebrados tuvieron origen en un pacto celebrado entre Libreros y el entonces concejal Cifuentes.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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