La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ordenó reabrir las investigaciones contra varios funcionarios de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta filtración a medios de comunicación de un proyecto de fallo que contemplaba una orden de captura de 2022 contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
La decisión se conoció este 7 de octubre, luego de que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá archivara la investigación contra los funcionarios el 25 de febrero de este año. La Comisión Nacional consideró que es necesario analizar con “mayor exhaustividad la presunta filtración a los medios de comunicación” para determinar si hubo o no participación de servidores judiciales en la divulgación de la información reservada.
La investigación se originó por una queja disciplinaria presentada por Benedetti el 24 de enero de 2024. En ella, denunció que, desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez (ponente del caso), se habría filtrado un proyecto de decisión que contemplaba imponerle una medida de aseguramiento al político. Para ese momento, Benedetti ya había salido de la Embajada de Colombia en Venezuela.
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El proyecto de fallo que contemplaba la captura de Benedetti fue retirado de la Sala de Decisión el 2 de junio de 2022. Lo que documentó el hoy ministro es que ese documento habría llegado a medios de comunicación en noviembre de 2023, pese a la reserva legal del proceso penal que cursa en su contra.
En la decisión de primera instancia emitida el pasado febrero, la Comisión Seccional había ordenado la terminación y el archivo definitivo del proceso disciplinario, al concluir que no existían pruebas suficientes para acreditar que la presunta filtración de información se hubiera originado en el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez.
El fallo sostuvo que, durante todo el año 2023, dicho despacho no tuvo acceso al expediente penal seguido contra Armando Benedetti. Además, señaló que el expediente circuló por varios despachos de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y otros intervinientes del proceso, lo que —según la Seccional— hacía imposible determinar con precisión quién divulgó la información reservada.
Por su parte, la defensa de Benedetti alegó que en 2022 “el despacho de la magistrada tuvo acceso al expediente judicial, por lo cual no era coincidencia que una vez la funcionaria judicial fue apartada del conocimiento del proceso, el 19 de octubre de 2023, aproximadamente 15 días después, haya llegado a medios de comunicación la ponencia de medida de aseguramiento que solo conocía ella y su despacho, además de las pruebas que la soportaban”, detalló la CNDJ.
Las señalamientos contra Benedetti
El expediente tiene que ver con el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Armando Benedetti cuando era congresista. De acuerdo con la información contenida en los informes de la Corte Suprema, existen COP 2.971 millones de pesos en su patrimonio sin justificación contable ni financiera.
Entre las pruebas citadas por la magistrada Lombana figuran un préstamo irregular de una persona fallecida, negocios con su excuñado Carlos Alberto Dada Hijo y la compra de un inmueble que había sido previamente incautado, operaciones que la instructora consideró suficientes para ordenar su captura.
El vínculo de Benedetti con su excuñado, Carlos Alberto Dada Hijo, ha sido uno de los puntos más sensibles del expediente. Dada, quien también fue mencionado en los medios tras revelarse que viajó en el jet privado en el que Benedetti trasladó a la niñera Marelbys Meza a Venezuela —pocos días antes del escándalo por el robo de dinero a Laura Sarabia—, figura como prestamista y socio en varias operaciones financieras cuestionadas.
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La investigación señaló que el préstamo reportado por Dada a favor de Benedetti no aparece registrado ante la Dian y que el propio Dada no contaba con los fondos en sus cuentas bancarias para respaldar dicha transacción. Tampoco se hallaron evidencias de abonos o pagos de esa supuesta deuda.
El expediente también detalló movimientos de dinero en efectivo usados para pagar tarjetas de crédito y otros consumos, además de transferencias internacionales por USD 465.000 realizadas por Elsy Pinzón, quien se desempeñaba como asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista entre 2010 y 2017. La defensa de Benedetti ha negado de manera tajante estos señalamientos y sostiene que los recursos tienen origen lícito.
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