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La Procuraduría, luego de una visita en terreno, encontró que las autoridades nacionales y gubernamentales del Archipiélago de San Andrés no han terminado de evacuar todos los escombros del proceso de reconstrucción de la isla de Providencia.
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El huracán Iota transitó por Providencia en noviembre de 2020 y, en un hecho sin precedentes, acabó con el 98% de la infraestructura de la isla. Aunque el expresidente Iván Duque aseguró que el lugar sería reconstruido en 100 días, la Contraloría y la Corte Constitucional evidenciaron lo contrario. Ahora, la Procuraduría pide levantar los escombros que han quedado durante el proceso.
“La Procuraduría solicitó a la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres, como representante de las entidades responsables, referenciar las actuaciones para dar una solución definitiva a esta problemática que afecta el proceso de restauración de los ecosistemas estratégicos del Archipiélago de San Andrés y que genera problemas de salubridad a la población que los habita”, explicó la entidad.
En octubre pasado, la Corte analizó una tutela presentada por la ciudadana Josefina Hiffington y concluyó que el plan de reconstrucción no ha terminado y “está lejos de estarlo”. Agregó que los derechos a la salud, vivienda, agua y saneamiento básico de la población raizal fueron vulnerados por la Presidencia, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre, los ministerios de Vivienda y del Interior y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.
Antecedentes: Reconstrucción de Providencia: las irregularidades halladas por la Contraloría
“La Corte comprobó que el Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico”, explicó el alto tribunal.
Y siguió con su regaño: “Se demostró que los terrenos utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros se han convertido actualmente en botaderos de basura permanentes. Las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal el derecho a la consulta previa, lo cual derivó en una completa desconexión y falta de diálogo entre el Gobierno y los habitantes, que se evidenció, entre otras cosas, en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas”.
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Meses antes, la Contraloría dio a conocer un informe en el que se le criticó al gobierno Duque por las deficiencias encontradas en los contratos para la ejecución de las obras de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas. Tal fue la falta de planeación que se generaron adiciones en valor y tiempos, sin que se evidenciara justificación para ello.
En las viviendas de reparación integral, la Contraloría identificó fallas en los diagnósticos, lo cual terminó en irregularidad con el sistema hidrosanitario y la no construcción de zonas seguras, que estaban entre los compromisos suscritos por Findeter. Incluso, se construyeron viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o que fueron conectadas a pozos no funcionales. Ahora, depende del gobierno de Gustavo Petro acelerar el proceso de reconstrucción y levantamiento de escombros.
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