Reelección presidencial indefinida, ¿dictadura o derecho humano?

En 2019, para asegurarse un cuarto gobierno consecutivo, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la reelección presidencial indefinida es un “derecho humano”. Con ese argumento, Morales pretendía alargar su carrera política hasta que el tiempo se lo permitiera, tras haber resultado electo por primera vez en 2005. Ante tal opinión, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), preguntó a la Corte Interamericana a de Derechos Humanos si esa idea cabe dentro de los cánones democráticos previstos para la región. La respuesta fue un “no” tajante.

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La Andje, en cabeza del director Camilo Gómez, celebra que la Corte IDH acabe de zanjar ese debate, adhiriendo a sus consideraciones. A través del modelo de “Opinión Consultiva”, el máximo organismo del sistema de derechos humanos interamericano concluyó que, en los países donde existe la figura de reelección indefinida, se está mucho más cerca del régimen autoritario. Sin importar que el pueblo, a través de elecciones populares, lo haya elegido así.

“La Corte señaló que la permanencia en funciones de un mismo gobernante en la Presidencia de la República por un largo período de tiempo tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, propio de una democracia representativa, porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores o ideologías. Por lo tanto, el Tribunal consideró que la permanencia en funciones de una misma persona en el cargo de la Presidencia de forma ilimitada propicia tendencias hegemónicas que resultan en el menoscabo de los derechos políticos de los grupos minoritarios”, explicó la Corte IDH.

En diálogo con El Espectador, Camilo Gómez explicó que el Estado colombiano tiene gran preocupación por países de la región como Nicaragua o Venezuela, donde sus respectivos líderes utilizan la relección indefinida para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, en el país centroamericano Daniel Ortega manda desde enero de 2007. En la frontera oriental, Nicolás Maduro es presidente desde abril de 2013, aunque su gobierno no es reconocido por Colombia y gran cantidad de países alrededor del mundo. Está sustituyendo a Hugo Chávez, quien duró 11 años al mando.

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“Hemos visto lo que hay en Venezuela, que es una dictadura investigada por la Corte Penal Internacional. Tienen una investigación formal a raíz de una queja del presidente Iván Duque. Hemos visto que Nicaragua hay una represión contra los medios, en Bolivia ha habido variaciones. Es una tendencia que hay que combatir, porque como lo dice la Corte IDH, la democracia no es un asunto interno solamente, sino que, a partir de la firma de los instrumentos internacionales del sistema interamericano, se convirtió en una obligación internacional”, explicó Gómez.

Asimismo, la Corte IDH agregó que el ejercicio del poder en los países miembros del sistema interamericano debe someterse a reglas con el objetivo de evitar la arbitrariedad. Se debe limitar el poder de las mayorías, ejercido sobre las minorías. Desde luego, como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana de DD.HH, los Estados de la región manifestaron estar obligados a realizar elecciones periódicas.

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“La periodicidad de las elecciones también tiene como objetivo asegurar que distintos partidos políticos o corrientes ideológicas puedan acceder al poder, resaltando el papel esencial de las agrupaciones y los partidos políticos en el desarrollo democrático. Así, la Corte aclaró que el pluralismo político es fomentado por la Convención Americana, y éste implica la obligación de garantizar la alternancia en el poder”, concluyó la Corte IDH.

Del turbulento presente político en Venezuela, donde incluso ejerce como presidente interino Juan Guaidó, se sabe que en los próximos días el Gobierno y la oposición regresarán a una mesa de negociación desde hoy 13 de agosto. Se trata del décimo intento de acercamiento en dos décadas de mandato chavista. Cuatro intentos se dieron mientras Hugo Chávez estuvo al frente, y seis en el presente de Nicolás Maduro.

Se negociarán las sanciones internacionales que ahogan al país y que, entre otros fenómenos sociales, terminaron en un estallido social y una crisis migratoria sin precedentes. La oposición espera liberar presos políticos y mejorar las condiciones electorales en Venezuela. En junio pasado, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea se mostraron dispuestos a “revisar” las sanciones contra Maduro si se demuestran “avances significativos en una negociación integral” hacia elecciones “creíbles, inclusivas y transparentes”.

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De acuerdo con cifras del Peterson Institute for International Economics y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Irán, Siria y Ucrania son los países con más sanciones por parte de Estados Unidos. En el listado se encuentra Venezuela, que cuenta con un total de 333. El encuentro entre el gobierno venezolano y la oposición se logró por intermediación de Noruega, clave en las negociaciones de las antiguas Farc y el expresidente Juan Manuel Santos. Maduro, por su parte, pidió el acompañamiento de Rusia.

En 2019, para asegurarse un cuarto gobierno consecutivo, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la reelección presidencial indefinida es un “derecho humano”. Con ese argumento, Morales pretendía alargar su carrera política hasta que el tiempo se lo permitiera, tras haber resultado electo por primera vez en 2005. Ante tal opinión, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), preguntó a la Corte Interamericana a de Derechos Humanos si esa idea cabe dentro de los cánones democráticos previstos para la región. La respuesta fue un “no” tajante.

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La Andje, en cabeza del director Camilo Gómez, celebra que la Corte IDH acabe de zanjar ese debate, adhiriendo a sus consideraciones. A través del modelo de “Opinión Consultiva”, el máximo organismo del sistema de derechos humanos interamericano concluyó que, en los países donde existe la figura de reelección indefinida, se está mucho más cerca del régimen autoritario. Sin importar que el pueblo, a través de elecciones populares, lo haya elegido así.

“La Corte señaló que la permanencia en funciones de un mismo gobernante en la Presidencia de la República por un largo período de tiempo tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, propio de una democracia representativa, porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores o ideologías. Por lo tanto, el Tribunal consideró que la permanencia en funciones de una misma persona en el cargo de la Presidencia de forma ilimitada propicia tendencias hegemónicas que resultan en el menoscabo de los derechos políticos de los grupos minoritarios”, explicó la Corte IDH.

En diálogo con El Espectador, Camilo Gómez explicó que el Estado colombiano tiene gran preocupación por países de la región como Nicaragua o Venezuela, donde sus respectivos líderes utilizan la relección indefinida para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, en el país centroamericano Daniel Ortega manda desde enero de 2007. En la frontera oriental, Nicolás Maduro es presidente desde abril de 2013, aunque su gobierno no es reconocido por Colombia y gran cantidad de países alrededor del mundo. Está sustituyendo a Hugo Chávez, quien duró 11 años al mando.

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“Hemos visto lo que hay en Venezuela, que es una dictadura investigada por la Corte Penal Internacional. Tienen una investigación formal a raíz de una queja del presidente Iván Duque. Hemos visto que Nicaragua hay una represión contra los medios, en Bolivia ha habido variaciones. Es una tendencia que hay que combatir, porque como lo dice la Corte IDH, la democracia no es un asunto interno solamente, sino que, a partir de la firma de los instrumentos internacionales del sistema interamericano, se convirtió en una obligación internacional”, explicó Gómez.

Asimismo, la Corte IDH agregó que el ejercicio del poder en los países miembros del sistema interamericano debe someterse a reglas con el objetivo de evitar la arbitrariedad. Se debe limitar el poder de las mayorías, ejercido sobre las minorías. Desde luego, como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana de DD.HH, los Estados de la región manifestaron estar obligados a realizar elecciones periódicas.

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“La periodicidad de las elecciones también tiene como objetivo asegurar que distintos partidos políticos o corrientes ideológicas puedan acceder al poder, resaltando el papel esencial de las agrupaciones y los partidos políticos en el desarrollo democrático. Así, la Corte aclaró que el pluralismo político es fomentado por la Convención Americana, y éste implica la obligación de garantizar la alternancia en el poder”, concluyó la Corte IDH.

Del turbulento presente político en Venezuela, donde incluso ejerce como presidente interino Juan Guaidó, se sabe que en los próximos días el Gobierno y la oposición regresarán a una mesa de negociación desde hoy 13 de agosto. Se trata del décimo intento de acercamiento en dos décadas de mandato chavista. Cuatro intentos se dieron mientras Hugo Chávez estuvo al frente, y seis en el presente de Nicolás Maduro.

Se negociarán las sanciones internacionales que ahogan al país y que, entre otros fenómenos sociales, terminaron en un estallido social y una crisis migratoria sin precedentes. La oposición espera liberar presos políticos y mejorar las condiciones electorales en Venezuela. En junio pasado, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea se mostraron dispuestos a “revisar” las sanciones contra Maduro si se demuestran “avances significativos en una negociación integral” hacia elecciones “creíbles, inclusivas y transparentes”.

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De acuerdo con cifras del Peterson Institute for International Economics y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Irán, Siria y Ucrania son los países con más sanciones por parte de Estados Unidos. En el listado se encuentra Venezuela, que cuenta con un total de 333. El encuentro entre el gobierno venezolano y la oposición se logró por intermediación de Noruega, clave en las negociaciones de las antiguas Farc y el expresidente Juan Manuel Santos. Maduro, por su parte, pidió el acompañamiento de Rusia.