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Reforma pensional: la papa caliente que la Corte Constitucional le dejará a De la Espriella

Cinco meses después de llegar al despacho de la magistrada Paola Meneses, la demanda contra la reforma pensional sigue sin ponencia. Mientras hay silencio en la Corte, millones de afiliados esperan una decisión que podría quedar en manos del próximo gobierno, que promete darle la vuelta a una iniciativa bandera de Gustavo Petro.

Jhordan C. Rodríguez

29 de julio de 2026 - 08:58 p. m.
Millones de afiliados esperan una decisión que podría quedar en manos del próximo gobierno, que promete darle la vuelta a una iniciativa bandera de Gustavo Petro.
Foto: Archivo
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Al interior de la Corte Constitucional hay un expediente que pareciera haber desaparecido del radar de la Sala Plena: la demanda de la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, contra la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. El caso, que sigue teniendo en vilo al país, parece no avanzar al interior del alto tribunal y el futuro de los pensionados y trabajadores que están próximos a acceder al derecho pensional es incierto. No se sabe con lujo de detalles qué ha pasado con el expediente desde que entró al despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses hace ya cinco meses, pero lo que se sabe es que es una papa caliente que, sea cual sea la decisión de la Corte, le tocará afrontarla al gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Desde agosto de 2024, el alto tribunal viene estudiando la demanda con la cual Valencia pidió tumbar de tajo la ley 2381 de ese mismo año. A partir de entonces, el caso se convirtió en el más relevante para la Corte por la magnitud de la iniciativa con la que el gobierno saliente apostaba por unificar el sistema de pensiones a través de pilares contributivos. Sin embargo, varios tropiezos y cambios al interior de la Sala Plena, sumados a las tensiones y coyunturas políticas en época electoral, fueron demorando su estudio y solución. Ahora, que hay un nuevo Congreso y en menos de 10 días se posesionará el nuevo presidente de la República, la Corte pareciera todavía no dar luces de cuál será el futuro de una iniciativa que fue bandera de Gustavo Petro.

Solo unos pocos abogados de la mayor confianza de la magistrada Meneses están enterados del estudio que adelanta la togada desde febrero de este año. Pero, dicen, no hay todavía un proyecto de fallo que presentarle a la Sala Plena que desde hace meses no tiene a la reforma pensional dentro del orden del día. Aunque al interior del despacho de la magistrada manejan el caso con la mayor cautela, pues todos los ojos siguen encima, fuentes al interior de la Corte le dijeron a este diario que han “venido avanzando en todo el estudio de este expediente y nos encontramos dentro de los términos que están estipulados en el reglamento interno”.

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Sin embargo, sostienen que la togada estaría próxima a finalizar el estudio de todo el expediente, al que le siguen llegando escritos de ciudadanos y conceptos de expertos en la materia que tienen visiones distintas de lo que debe ser el futuro de la reforma. Por eso, las fuentes enteradas del proceso le dijeron a este diario que Meneses “terminaría la preparación de la ponencia en el transcurso de las próximas semanas”. Lo que no se sabe es si ese proyecto de fallo llegaría a la Sala Plena la próxima semana, coincidiendo con los últimos días de Petro en el poder, o si vendrá después de eso, cuando Abelardo de la Espriella ya se haya posesionado.

Quienes conocen del proceso saben de la urgencia que tiene el país por una respuesta, pero también apuntan a que la demora para construir un proyecto de fallo se debe a la sensibilidad del tema y dicen que los cinco meses que lleva Meneses con el expediente en su despacho ha sido realmente poco tiempo. Sostienen que el análisis que hizo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez cuando era el ponente, entre agosto de 2024 y febrero de 2026, no es el mismo que debe hacer la actual presidenta de la Corte. Por una parte, porque Ibáñez, en las tres ponencias que presentó, apuntó a tumbar la totalidad de la reforma y en distintos actos públicos ha marcado la línea entre él y el gobierno Petro.

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Asimismo, fuentes que conocen el expediente sostienen que uno de los puntos claves que más tiene que revisar la togada es cómo evolucionó la decisión que tomó la Sala Plena en junio de 2025, cuando encontró que sí hubo vicios en el trámite de la reforma, pero optó por no tumbarla toda, sino devolverla al Congreso para que corrigiera lo que había hecho mal y debatiera de nuevo. En esa ocasión también frenó la entrada en vigencia de la norma hasta que no se resolviera la demanda, pero permitió que continuaran algunos puntos, dentro de los cuales estuvo la Ventana de Oportunidad de Traslado Pensional.

Ese mecanismo venció el pasado 16 de julio y permitía que un usuario se cambiara del fondo público (Colpensiones) a fondos privados como Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia, entre otros, y viceversa. Según cifras de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), más de 166.000 trabajadores pudieron hacer su cambio de régimen durante los dos años en que operó. Dentro de lo que tiene que considerar la magistrada Meneses es el impacto que tendrá su eventual propuesta y decisión de la Corte para el futuro pensional de todos estos afiliados, más los que se mantuvieron sin hacer ningún salto.

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La Corte solo tiene tres caminos. El primero es determinar si el Congreso sí corrigió los errores y volvió a aprobar la reforma correctamente y poner en marcha la totalidad de la reforma de Petro. Sin embargo, el gobierno de Abelardo de la Espriella ya dijo que no comparte la iniciativa e incluso plantea presentar una “contrarreforma” en la que igual le haría una cirugía a la iniciativa que dejó el gobierno de izquierda. El segundo es limitarse a revisar si se corrigieron los vicios en el trámite y si no, tumbarla totalmente por razones procedimentales. De ser así, igual quedarían más dudas que certezas sobre qué pasaría con quienes sí aprovecharon aspectos de una reforma que entonces sería ilegal.

El tercero sería que hiciera el estudio más juicioso para ver qué quedó bien, qué quedó mal y declarar inexequibles artículos puntuales, modular efectos, plantear soluciones y dictar órdenes de fondo. Por ahora, Meneses tendrá que terminar de estudiar el caso y plantear una alternativa que estudie la Sala Plena en un proceso que, a casi dos años de haber llegado al alto tribunal, solo ha tenido un debate y votación que terminó en nada, pues quedaron empatados y tuvieron que llamar a un conjuez. Más allá del debate jurídico, que no se ha dado, está el futuro de millones de personas que por años trabajaron y ahora no saben qué pasará con un derecho que adquirieron con el sudor de su frente.

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Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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