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La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro se juega la vida en la Corte Constitucional. El presidente del alto tribunal y quien lidera el estudio de la demanda presentada por Paloma Valencia para tumbar la norma (Ley 2381 de 2024), el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presentó una nueva ponencia en el caso. El proyecto de fallo lo presentó tres meses después de que El Espectador revelara que un despiste en el grueso proceso echó a la basura el trabajo de casi seis meses. Además, llega en un caldeado ambiente político y judicial que toca el proceso y otras iniciativas de la Casa de Nariño.
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En la tarde de este jueves 15 de mayo, el magistrado Ibáñez repartió a sus compañeros de la Sala Plena su nueva ponencia. Es la segunda que presenta, porque el primer proyecto de fallo fue radicado el pasado 14 de febrero y quedó sin valor después de que el este diario diera a conocer que la Sala Plena tuvo que reversar todo lo que se había hecho en el expediente desde septiembre del año pasado. En ese momento, los magistrados decidieron reversar todo lo que se había adelantado desde entonces, porque no se había resuelto un impedimento que presentó la magistrada Diana Fajardo, quien se benefició de la reforma pensional de Petro.
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Ahora, con solo siete compañeros de Sala (porque la magistrada Cristina Pardo dejó el tribunal este jueves) estudiarán el nuevo documento para definir el futuro de la reforma pensional. Pero esta vez, el debate se dará en medio de una movida coyuntura política, en la que las iniciativas reformistas del gobierno de Gustavo Petro han sido derrotadas. Por ejemplo, como la propuesta de hacer una consulta popular que se hundió esta semana en la plenaria del Senado, la que a su vez revivió el proyecto de reforma laboral.
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También, el documento llega después de que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía enviaran al despacho de Ibáñez copias de las pruebas en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). El presidente del alto tribunal pidió esas pruebas para estudiar si parte del dinero obtenido desangrando la entidad fue empleado para comprar votos en el Congreso para mover y aprobar iniciativas gubernamentales, una de ellas, posiblemente, la reforma pensional.
Asimismo, dentro de los señalamientos que se han hecho dentro del caso de corrupción de la Ungrd está también que, supuestamente, parte de esos dineros fueron repartidos en el Congreso para que legisladores votaran a favor de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Aunque Fernández ha sido recusado dentro del proceso de la reforma pensional, todas se han resuelto y sus compañeros de Sala han considerado que puede seguir haciendo parte del debate y la decisión final.
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