Región Metropolitana de Bogotá pasó el pulso en la Corte Constitucional

Este jueves, la Corte Constitucional, con una votación de 8-0 avaló el Acto Legislativo 02 de 2020 que creó la Región Metropolitana de Bogotá como una organización administrativa, con régimen especial, que permite garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible. En ese orden de ideas, el Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios aledaños podrán asociarse a esta región cuando compartan dinámicas territoriales sociales, ambientales o económicas.

La determinación del alto tribunal obedeció al estudio de una demanda de inconstitucionalidad promovida por el senador Feliciano Valencia y la representante a la Cámara, María José Pizarro, quienes reprocharon la vulneración al derecho a la consulta previa a más de 10 comunidades indígenas que están ubicados en zonas aledañas a la capital del país y a Cundinamarca. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, dijeron en el documento que llegó al alto tribunal.

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Lo que expusieron los senadores es que el Congreso de la República tomó una decisión que afectaba directamente a una multiplicidad de comunidades indígenas sin haber agotado el requisito de la consulta previa, con lo cual no sólo se les vulneraba un derecho fundamental y se incumplió un deber estatal, sino que la existencia misma de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca estaba viciada de inconstitucionalidad.

La ponencia del magistrado Alejandro Linares no les dio la razón. Explicó que durante el trámite en el Congreso no hubo vicios de forma y que tampoco se violó el derecho a la consulta previa debido a que no era requerida. Con la decisión en firme queda plasmado que las decisiones de la Región Metropolitana de Bogotá tendrán superior jerarquía sobre las del Distrito, la de la Gobernación y la de los municipios que se asocien. No obstante, las entidades territoriales que la conformen mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporadas al Distrito Capital.

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Linares tuvo en cuenta conceptos remitidos a su despacho en el que le daban espaldarazo al Acto Legislativo. Por ejemplo, la Asamblea Departamental de Cundinamarca dijo que el documento que pasó todos los debates en el Congreso de la República “refleja un claro desarrollo territorial particularmente en el fortalecimiento de la región como pilar de progreso, trabajo conjunto y planificado, y sobre todo, enfocado en las necesidades e intereses comunes, de zonas de interacción nacional, tanto desde el punto de vista geográfico, como asociados al fortalecimiento económico”.

Consideraron que la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca en lugar de sustituir elementos esenciales del Constitución Política, es el resultado de líneas vigentes sobre desarrollo territorial y económico, calidad de vida de los habitantes del departamento y de la Capital, y se perfila como un impulsador de la eficiencia y planificación administrativa. Desde la orilla del distrito, la secretaria Jurídica coincidió en que la Región Metropolitana podría llegar a impactar a todos los habitantes de Bogotá y del departamento de Cundinamarca sin ningún tipo de distinción.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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La determinación del alto tribunal obedeció al estudio de una demanda de inconstitucionalidad promovida por el senador Feliciano Valencia y la representante a la Cámara, María José Pizarro, quienes reprocharon la vulneración al derecho a la consulta previa a más de 10 comunidades indígenas que están ubicados en zonas aledañas a la capital del país y a Cundinamarca. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, dijeron en el documento que llegó al alto tribunal.

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Lo que expusieron los senadores es que el Congreso de la República tomó una decisión que afectaba directamente a una multiplicidad de comunidades indígenas sin haber agotado el requisito de la consulta previa, con lo cual no sólo se les vulneraba un derecho fundamental y se incumplió un deber estatal, sino que la existencia misma de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca estaba viciada de inconstitucionalidad.

La ponencia del magistrado Alejandro Linares no les dio la razón. Explicó que durante el trámite en el Congreso no hubo vicios de forma y que tampoco se violó el derecho a la consulta previa debido a que no era requerida. Con la decisión en firme queda plasmado que las decisiones de la Región Metropolitana de Bogotá tendrán superior jerarquía sobre las del Distrito, la de la Gobernación y la de los municipios que se asocien. No obstante, las entidades territoriales que la conformen mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporadas al Distrito Capital.

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Linares tuvo en cuenta conceptos remitidos a su despacho en el que le daban espaldarazo al Acto Legislativo. Por ejemplo, la Asamblea Departamental de Cundinamarca dijo que el documento que pasó todos los debates en el Congreso de la República “refleja un claro desarrollo territorial particularmente en el fortalecimiento de la región como pilar de progreso, trabajo conjunto y planificado, y sobre todo, enfocado en las necesidades e intereses comunes, de zonas de interacción nacional, tanto desde el punto de vista geográfico, como asociados al fortalecimiento económico”.

Consideraron que la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca en lugar de sustituir elementos esenciales del Constitución Política, es el resultado de líneas vigentes sobre desarrollo territorial y económico, calidad de vida de los habitantes del departamento y de la Capital, y se perfila como un impulsador de la eficiencia y planificación administrativa. Desde la orilla del distrito, la secretaria Jurídica coincidió en que la Región Metropolitana podría llegar a impactar a todos los habitantes de Bogotá y del departamento de Cundinamarca sin ningún tipo de distinción.

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