Edgar Rodríguez Muñoz presentó su renuncia como director de la cárcel de Neiva (Huila) tras el atentado armado ocurrido el pasado 13 de enero, en el que murió su hijo Ismael Rodríguez, de 11 años, y que días después cobró también la vida del subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la que Rodríguez agradeció el respaldo recibido y confirmó la relación de su renuncia con el ataque.
“Los hechos ocurridos el pasado 13 de enero marcaron de manera irreversible mi vida y la de mi familia. Fue un día fatídico que llevaremos por siempre en nuestra memoria y que me obliga, por razones profundamente personales, a dar un paso al costado”, escribió.
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En el atentado, registrado sobre las 7:03 de la mañana en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, el vehículo en el que se movilizaban Rodríguez Muñoz, su hijo, el subdirector de la cárcel y un conductor fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon en repetidas ocasiones.
El menor recibió un impacto de bala en la cabeza y murió ese mismo día, mientras que Solano Osorio, herido en el abdomen y el tórax, falleció ocho días después a causa de la gravedad de las lesiones.
El Inpec había rechazado el ataque desde el primer momento y anunció investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Las autoridades no han descartado que el atentado esté relacionado con el rol de los funcionarios.
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El 14 de enero la Procuraduría anunció la apertura de actuaciones preventivas para evaluar los esquemas y condiciones de seguridad del director Edgar Rodríguez y del subdirector Renato Solano. El Ministerio Público ordenó verificar si los funcionarios contaban con medidas de protección adecuadas, cómo se encontraba la seguridad al momento del ataque y si existían amenazas previas o alertas de riesgo que hubieran sido puestas en conocimiento de las autoridades y el manejo que estas recibieron.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió a la Fiscalía “adelantar investigaciones prontas y eficaces que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”. Además, pidió al Gobierno nacional y a las entidades competentes adoptar acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión.
La entidad señaló que el Estado colombiano tiene el deber de proteger la vida, la integridad y la dignidad de los servidores públicos, y afirmó que “sin seguridad para ellos y sus familias, no es posible construir un sistema penitenciario verdaderamente humano y conforme a la Constitución”.
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