El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, responsabilizó a las Farc del grave daño ambiental que afecta al departamento del Chocó por cuenta de la explotación ilegal de minerales.
El oficial señaló que la guerrilla mediante una alianza criminal con las bacrim, instalaron tres complejos dedicados a la extracción de oro que ponía en riesgo a la comunidad, ya que en las fuentes hídricas se vertieron toneladas de químicos utilizados para esta actividad.
“La deforestación del bosque húmedo, y la extinción de la fauna nativa, son factores que una alianza delincuencial entre Farc y la banda “Los Urabeños”, impuso para acelerar la explotación del mineral”, advirtió el general Palomino.
Según la Policía, esta actividad ilícita permitía la producción de 15.000 gramos de oro mensuales, con el uso de grandes cantidades agua, mercurio y cianuro; componentes que eran arrojados a los ríos Atrato, Negúa e Ichó, que abastecen a Quibdó, Condoto, Novita y otros municipios del Medio Atrato.
Ingenieros y biólogos de la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal (UNIMIL – CCI) de la Dirección de Carabineros, tomaron muestras de las aguas para establecer el nivel de afectación, y los alcances que tendría su consumo para los pobladores. Los afluentes perdieron el color natural y tomaron una tonalidad verde, que demuestra la desaparición de cualquier especie.
Según la investigación, Édison Tapias Maquilon alias ‘Chaverra’, cabecilla del Frente 34 de las Farc, recibía siete mil millones de pesos ($ 7.000.000.000) por la extracción de oro mediante la alteración del ecosistema, y sería el responsable de las extorsiones a mineros artesanales que intentan ingresar a esa zona de Chocó.
La denuncia oportuna de las comunidades indígenas, permitió la intervención de los tres complejos, la destrucción de 7 retroexcavadoras y una draga, y la captura de una persona que aparentemente orientaba la explotación ilícita.
En 2014 la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal (UNIMIL – CCI) ha ocupado 48 minas, destruido 129 retroexcavadoras y capturado a 308 personas por afectación a los recursos naturales.