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27 Sep 2022 - 11:20 p. m.

“Resquebraja el sistema”: Consejo de Estado se opone a creación de Corte Electoral

En un concepto enviado al Congreso, el alto tribunal destrozó el proyecto que propone crear una nueva jurisdicción que se encargue de todos los temas electorales y que concentre las funciones de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones legislativas 2022 (Senado - Cámara) y consultas interpartidistas, en Corferias.
Preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones legislativas 2022 (Senado - Cámara) y consultas interpartidistas, en Corferias.
Foto: Mauricio Alvarado

Una de las altas cortes del país, que hoy tiene la última palabra en los líos electorales en Colombia, se opone a una propuesta que se cocina en el Congreso de crear una Corte Electoral. En un concepto de 31 páginas, el Consejo de Estado sentó su posición: el proyecto de acto legislativo que busca crear una nueva jurisdicción en Colombia podría ser inconstitucional, destruiría el sistema de pesos y contrapesos, podría crear choques con otras jurisdicciones y, además, la propuesta no tiene en cuenta lo costosa que sería esa reforma para el Estado.

(En contexto: Denuncian que reforma al CNE tendría tiempos ajustados para su discusión)

En pocas palabras, el proyecto busca que las responsabilidades que hoy tienen la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y los jueces administrativos —entre ellos, el Consejo de Estado— se concentren únicamente en jueces electorales. Pero el Consejo de Estado lo dijo sin tapujos: “Desde ningún punto de vista conviene al Estado democrático concentrar todas las competencias no solo porque se aminoran las garantías a los candidatos como a los elegidos y a los electores, sino porque se sacrifica la verdad electoral”.

El proyecto reúne dos iniciativas que fueron acumuladas y que vienen de congresistas del Partido Verde, Partido Liberal y Pacto Histórico, como Ariel Ávila, Angélica Lozano, Juan Carlos Losada, Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, entre otros. Según el texto, los magistrados de la Corte Electoral serían escogidos por el Congreso y asumirían las funciones que hoy tienen los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, así como otras del Consejo Nacional Electoral. Pero al alto tribunal esto no le sonó para nada.

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¿De dónde sale el presupuesto para la Corte Electoral?

El primer argumento de la Sala Plena del Consejo de Estado para negarse a la creación de la jurisdicción electoral es de plata. “El costo fiscal que generaría la modificación de la organización electoral (…) parecería ser un tema no previsto en el proyecto de reforma constitucional y que, en todo caso, no dimensiona la situación fiscal que actualmente atraviesa el país”, advierten. Y señalan, por ejemplo, que en época que no haya elecciones todos los jueces y magistrados electorales quedarían sin obligaciones, algo que no ocurre hoy con los jueces administrativos que ejercen esas funciones.

De hecho, en el presupuesto para 2023, hasta ahora la rama judicial tiene asignados $5,5 billones, $0,5 más que en 2022, pero este aumento, según varios pronunciamientos del gobierno de Gustavo Petro, deberían ir a abrir más juzgados en todo el país. “Es de conocimiento público que el presidente de la República ha sido enfático en la necesidad de aumentar el número de jueces para resolver conflictos que aquejan el día a día de los ciudadanos. Lo cual, resulta contrario a la destinación de cuantiosos recursos a la creación de una jurisdicción electoral”, dice el concepto del Consejo de Estado.

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Posiblemente inconstitucional

El alto tribunal recordó además, que en Colombia ya existen cuatro corporaciones de cierre: el Consejo de Estado en lo administrativo-electoral; la Corte Constitucional, la Corte Suprema para lo ordinario y la Comisión de Disciplina Judicial. “Incorporar un nuevo órgano de esta naturaleza al diseño judicial previsto en la Constitución de 1991, puede volver difusa la frontera de las competencias que corresponden a cada una de las jurisdicciones existentes, aumentar los disensos entre altas corporaciones judiciales y, en consecuencia, afectar el funcionamiento de la Rama Judicial, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del Estado”, añade el concepto.

Otro aspecto que generó incomodidad en el Consejo de Estado es cómo serían elegidos los eventuales magistrados de la Corte Electoral: vía Congreso. “Es decir, el poder legislativo sería el llamado a elegir a quienes controlan sus propios actos de elección. En otras palabras, los congresistas se convertirían en electores de sus jueces, tanto en el ámbito electoral, como en materia sancionatoria, fiscal y política”, dice el concepto. Esa modificación, “resquebraja el sistema de pesos y contrapesos al disponer de la elección de sus propios jueces”, aseguraron los magistrados.

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A juicio del Consejo de Estado, el sistema actual garantiza en mayor medida la independencia. “La Rama Judicial y, en particular, la justicia electoral, que actualmente se radica en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejerce sus funciones sin las injerencias de otras ramas del poder público, de organizaciones políticas o de individuos que puedan influir directa o indirectamente en sus decisiones. Al no depender de las demás ramas del poder público para su funcionamiento, puede impartir justicia de manera formal y material conforme la Constitución y la ley, como únicos presupuestos para su ejercicio”, aseguraron.

Finalmente, los magistrados aseguraron que los temas electorales se resuelven de manera rápida, algo que han reconocido informes independientes de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE). “Hasta la fecha, la justicia electoral cuenta con la mayor celeridad en el trámite de procesos de naturaleza contencioso-administrativa. Al respecto, cabe mencionar que la totalidad de los procesos en curso ante la Sección Quinta del Consejo de Estado corresponden a expedientes que iniciaron su trámite en la virtualidad”, aseguraron.

Al proyecto todavía le faltan debates en el Congreso antes de que sea una realidad. Pero desde ya suma posiciones adversas, como esta del Consejo de Estado, que plantea preguntas que los ponentes tendrán que resolver en los próximos debates.

Aquí puede leer el concepto completo:

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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