Este 20 de agosto, ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formulará su acusación en contra de Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. Se trata del expediente relacionado con la posible compra irregular de un lujoso apartamento ubicado al norte de Bogotá para la cual, al parecer, habría intentado direccionar contratos de la petrolera.
La investigación adelantada por la Fiscalía señala que entre 2024 y 2025 Roa Barragán habría aprovechado su poder como cabeza de Ecopetrol para comprar un apartamento avaluado en COP 2.727 millones por un precio mucho menor: alrededor de COP 1.800 millones. El centro de la discusión está en la empresa que era dueña del inmueble, ubicado en el sector del Parque Museo El Chicó, y en una persona: Juan Guillermo Mancera.
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Según la investigación, la compañía Princeton International Holding era la dueña del apartamento y el intermediario entre esa empresa y Roa para su compra fue Mancera, un expolicía que habría negociado en nombre de la firma Innova Mercadeo. Mancera también es, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, a la cual Roa habría intentado entregarle el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira.
Para lograr el direccionamiento de ese contrato, según sostiene el ente investigador, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de la filial Hocol. “El señor Ricardo Roa, de manera indebida, utilizó su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocios en Hocol”, según señaló la Fiscalía durante la imputación.
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Siga minuto a minuto la audiencia:
Fiscalía pide que reconozcan a Rojas como víctima
Sobre la solicitud de acreditar a Luis Enrique Rojas como víctima, la Fiscalía señaló que la investigación ha dado cuenta de esas presuntas presiones por parte de Ricardo Roa “sobre el servidor público influenciado”. En ese sentido, en los delitos contra la administración pública puede haber consecuencias sobre personas distintas a entidades del Estado, que permiten evaluar su reconocimiento como víctimas. “Existió una presión de parte del señor hoy procesado hacia el ciudadano hoy procesado”, dijo la fiscal del caso.
Agregó: “Tiene estrecha relación con la tesis de la Fiscalía que se le exigió que presentara su renuncia al cargo (...) Estos dos hechos sustentan o ameritan la condición de víctima del señor Luis Enrique Rojas, en el entendido de que sufrió un daño emocional, en su ejercicio de la labor como presidente de Hocol que, reitero, ameritan su reconocimiento”. Así las cosas, le pidió al juez del caso avalar la petición del abogado del expresidente de Hocol.
El representante de la Procuraduría se pronunció en el mismo sentido que la Fiscalía, argumentando que los daños en contra de Rojas “no requieren una verificación plena”, pues es claro que su seguridad y su reputación fueron afectadas de forma indirecta por las presiones por parte de Roa Barragán para asignarle el proyecto de la Guajira a la empresa Gaxi. “Se le debe permitir su participación en el proceso en los términos que lo ha solicitado”, dijo.
El abogado Juan David León Quiroga, quien defiende a Roa Barragán, se opuso a la petición y señaló que están de cara a un posible giro en la acusación, porque en la imputación en contra del presidente de Ecopetrol no se habló de “presiones” en contra de Rojas. En su concepto, “aquí, de acuerdo con la narración de la Fiscalía en la imputación y el escrito de acusación, no se evidencia que el señor Luis Enrique Rojas haya sido afectado”.
El jurista agregó que Rojas no fue víctima de presiones para tomar una postura frente al direccionamiento del contrato de La Guajira a la empresa Gaxi, del expolicía Mancera. Por el contrario, sí habría intervenido, al parecer de forma indebida, en el favorecimiento con el contrato. “No es cierto que se haya opuesto (...) Dio gestión a la solicitud de Gaxi y suscribió memorandos de entendimiento entre Hocol y Gaxi”, señaló el abogado León Quiroga.
Tras evaluar los argumentos, el juez decidió avalar el reconocimiento de Luis Enrique Rojas como víctima. La defensa de Roa señaló en oposición a esa decisión que el expresidente de Hocol no omitió acciones dentro del proceso para la asignación del contrato. La Fiscalía pidió que se deje en firme su reconocimiento como víctima, con fundamento en los argumentos del abogado Diego Henao y en que la no oposición de Rojas a la entrega del contrato “no significa que haya participado en el delito”.
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Luis Enrique Rojas pide ser reconocido como víctima en el caso
Luis Enrique Rojas, expresidente de la filial Hocol, pidió durante la audiencia de acusación ser reconocido como víctima en el caso en contra de Ricardo Roa Barragán. Según expuso el abogado Diego Henao, quien lo representa en este proceso, el exfuncionario ha sido víctima de señalamientos, hostigamientos y atentados a su seguridad desde que trabajaba en la estatal petrolera y tras su salida. Todos, al parecer, relacionados con su oposición a la entrega del proyecto Chuchupa-Ballena LNG a la empresa Gaxi.
El jurista señaló que, desde su posición como presidente de Hocol, Roa Barragán habría intentado “instrumentalizarlo” para asegurar la entrega del proyecto en La Guajira a la empresa del expolicía Juan Guillermo Mancera. “No fue un tercero ajeno a los hechos investigados (...) sino una persona que, en razón de sus funciones, tuvo conocimiento y participación directa en las decisiones relacionadas con el proyecto”, dijo el abogado Henao.
Expuso que Rojas se opuso a las pretensiones de Roa porque, en su concepto, la firma Gaxi no cumplía con las condiciones necesarias para asumir el proyecto de regasificación en La Guajira y que sostuvo frente a Roa que lo correcto era adelantar un proceso de selección. “No fue quien pretendió direccionar el negocio, sino quien se opuso”, señaló el jurista. Agregó que, sin embargo, Roa Barragán, Julián Caicedo Cano (su pareja) y el propio Juan Guillermo Mancera habrían dado “instrucciones” sobre la asignación.
Adicional a eso, el jurista señaló que Mancera intentó acceder por medio de funcionarios de Hocol a información privilegiada sobre las condiciones del proyecto de La Guajira, antes de ser asignado. A esas movidas, expuso, siguieron una serie de presiones y amenazas “relacionadas con su trabajo” que iniciaron en agosto de 2024. Dijo que en diciembre de ese año, un carro de su esquema de seguridad fue interceptado por dos hombres armados que huyeron al ver que Rojas no se movilizaba en ese vehículo.
Se suman llamadas amenazantes y una situación de acoso laboral que se habría extendido hasta marzo de 2025 cuando, al parecer por orden directa de Roa Barragán relacionada con “la oposición a la adjudicación del proyecto de Gaxi”, tuvo que renunciar a la presidencia de Hocol. Y concluyó que su reconocimiento como víctima se resume en que Rojas “no aparece en estos hechos como una persona que hubiera buscado un interés indebido en el proyecto investigado, sino que se opuso” a su presunto direccionamiento.
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Inicia la audiencia de acusación
Sobre las 12:10 de la tarde inició la audiencia de acusación en contra de Ricardo Roa Barragán. La diligencia se adelanta por parte de Claudia Emilia Garrido Durán, fiscal 45 adscrita a la Dirección Especializada Contra la Corrupción, ante el despacho del juez sexto penal con función de conocimiento de Bogotá. El expresidente de Ecopetrol se conectó de forma virtual, igual que Luis Enrique Rojas, víctima y expresidente de la filial Hocol.
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