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La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción en contra de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años. Es señalado de usar su cargo para favorecer a terceros, entre ellos su hijo. Es considerado responsable por interés indebido en la elección del contratista que se encargaría del manejo de basuras en la ciudad que administraba.
El fallo de segunda instancia, emitido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos, lo encuentra nuevamente culpable de usar su cargo no solo como alcalde sino como presidente de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) para lograr que su hijo se apropiara ilegalmente de un 28% de la comisión total por la realización del contrato. En este estaría involucrada la empresa de tecnología WastAway y la Unión Temporal Vitalogic RSU.
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La Procuraduría afirmó que “se apartó de la función pública en cuanto no desempeñó sus funciones de actuar en beneficio del bien general, (…) sino que, por el contrario, usó el poder otorgado con su cargo o investidura para buscar beneficios personales, transgrediendo el fin último del servicio público que es servir a los demás y no a sí mismo”.
El exalcalde tenía la intención de entregar el contrato a una firma particular, por lo que escogió a un consultor para elaborar los termino de la contratación. Posterior a esto pidió que el EMAB lo vinculara y pagara sus servicios sin que existiera soporte de las actividades de consultoría que desarrollaba, explicó la procuraduría. Para el ente de control, este fue un acto de corrupción que va en contra de las obligaciones de un funcionario público que debería ejercer en función de los demás y no de sí mismo.
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Por esta situación el exalcalde también se encuentra en un proceso penal. El 10 de agosto de 2020, la Fiscalía radicó la acusación contra Hernandez, señalándolo de participar, presuntamente, en hechos de corrupción en un contrato del EMAB. Según el ente investigador, intervino para que el acuerdo 096 de 2016 fuera adjudicado a la empresa Vitalogic RSU, para implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.
Este proceso llegó al Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bucaramanga, luego de transitar durante unos meses por la Corte Suprema de Justicia cuando el excandidato presidencial alcanzó un escaño en el Congreso. Sin embargo, tras su renuncia fue remitido a la justicia ordinaria.
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