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23 May 2021 - 8:52 p. m.

Director Marítimo de la Armada se va por diferencias con Duque sobre seguridad en B/ventura

El vicealmirante Juan Francisco Herrera aseguró que el presidente Duque pidió su salida por haber incrementado la seguridad del Puerto de Buenaventura, el 19 de mayo, cuando “vándalos” intentaron entrar a las instalaciones. En carta a sus subalternos, el alto oficial se ratifica en que era su deber proteger al puerto más importante del país.
Este informe recoge la percepción de los habitantes de Buenaventura en seis ejes temáticos específicos que influyen en la forma cómo viven los porteños.
Este informe recoge la percepción de los habitantes de Buenaventura en seis ejes temáticos específicos que influyen en la forma cómo viven los porteños.
Foto: Sprbun

A través de una carta en poder de El Espectador, el Director General Marítimo de la Armada, vicealmirante Juan Francisco Herrera, anunció este domingo que el presidente Iván Duque solicitó su retiro por haber incrementado el nivel de protección del Puerto de Buenaventura a nivel dos, decisión que el uniformado tomó el pasado 19 de mayo al amparo del Código de Protección de buques e instalaciones portuarias. Según el oficial, esa es una medida legitima cuando hay un alto riesgo de ataques a busques o activos de la Nación como los puertos.

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“A pesar que tratamos de no subir el nivel de protección a nivel 2, el día 19 de mayo después del mediodía cuando vándalos ingresaron al puerto (de Buenaventura) ya era un altísimo riesgo que nos obligó hacerlo en prevención de un mal mayor ya que había mercancías peligrosas en contenedores, ¿se imaginan esos desadaptados hubieran logrado incendiar un contenedor como vimos había pasado en CAIS de la Policía o buses urbanos incendiados?”, agregó el saliente Director General Marítimo.

De acuerdo con su carta, si no hubiera decidido incrementar la seguridad a nivel dos, que “vándalos” hubieran entrado al puerto de Buenaventura hubiera provocado una catástrofe de las proporciones de lo sucedido en Beirut (Líbano), el pasado 4 de agosto. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), ese día estalló todo un almacén de explosivos en el puerto de la capital del Líbano, precedida de un incendio en un hangar del lugar.

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Para el oficial Juan Francisco Herrera es un contrasentido que él, como Director General Marítimo, cargo que ocupaba desde el 23 de enero de 2020, hubiera permitido que “vándalos” se metieran a las pistas del puerto, tras romper las mallas de la infraestructura. Ese día los mismos dueños de la empresa intentaron proteger las instalaciones, bloqueando la vía de acceso con contenedores, en medio del caos que se vive en el Valle del Cauca por el Paro Nacional.

Si bien las instalaciones no han vuelto a ser infiltradas por presuntos manifestantes, se convirtió en una violación a los sistemas de seguridad sin precedentes en Colombia. Ese día la operación portuaria, que se venía prestando con dificultad por el Paro Nacional, tuvo que detenerse de inmediato y se evacuó al personal vía marítima. El nivel dos descrito por el oficial de la Armada contó con el apoyo del Esmad de la Policía y el Gaula Militar, los cuales tomaron control de la situación durante el transcurso del día.

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De acuerdo con Herrera, fue una medida temporal hasta que en la noche se controló la situación en el terminal portuario TCBuen del puerto de Buenaventura. El oficial de la Armada denunció que las bodegas están colmadas y que se necesita urgente intervención para trasportar los encargos acumulados en la zona. “¿Por qué nos quitan la Copa América? porque no hay condiciones y esa es una realidad que no podemos negar”, fue una de las frases que dejó Herrera en su renuncia como director.

“El 20 de mayo antes del mediodía volvimos a nivel 1 y en este instante no podrían llegar más buques si no se recupera la vía. Bueno mis amigos y compañeros, ahora seguiré mi vida en otras actividades con el dolor y tristeza de no poder seguir buscando soluciones y si mi salida contribuye a que el Puerto de Buenaventura mejore habrá tenido un sentido, desde la vida civil empezaré nuevos proyectos en los temas marítimos y costeros. Un abrazo para todos y feliz fin de semana en medio de lo difícil”, concluyó Herrera.

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Las operaciones en el principal puerto de Colombia siguen entorpecidas por el Paro Nacional. Incluso, como lo explicó Caracol Radio, algunos trabajadores del puerto han recibido audios con amenazas a sus vidas. Días atrás el personal tenía temor por su seguridad, muchos no se presentaron a trabajar o no pudieron llegar a las instalaciones por la grave situación de orden público. Por otro lado, el Ministerio de Defensa adhirió a los solicitado por el presidente Iván Duque, emitiendo una resolución en la que se redujo el nivel de protección a 1, el mismo 19 de mayo pasado.

“Es posible mantener niveles de riesgo que permitan el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias en la región”, explicó la cartera de Gobierno. Tomás Quiñónez, exdirectivo de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, cree que fue la mejor decisión considerando que el mantener alto el nivel de riesgo proyecta una imagen negativa del país y su logística hacia el exterior, lo cual sería difícil de corregir en el corto plazo. “Subirlo es decirle a todo el grupo de servicios navieros que Buenaventura tiene problemas de seguridad, eso espanta las inversiones”, explicó Quiñonez.

Los bloqueos en el Valle del Cauca preocupan, entre otras entidades, a la Procuraduría, la cual envío un comunicado el pasado 14 de mayo a cinco alcaldes advirtiéndoles que si no permiten la protesta pacífica y, a la vez, conservan el orden público, podría ser investigados disciplinariamente. La advertencia se dio horas después de que se registraran fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes que bloquearon la vía Panamericana y en zona urbana del municipio de Buga.

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“La indiferencia es omisión y la omisión tiene consecuencias disciplinarias. ¿Serían investigados los alcaldes y gobernadores, por omisión? Lo cierto, es que la Procuraduría General de la Nación envió una comunicación a las autoridades territoriales, especialmente a los alcaldes de Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Buga y Buenaventura, para que adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población”, explicó el Ministerio Público.

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